MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, Irene Jan, ha instado a las autoridades filipinas a modificar la legislación antiterrorista y la relativa a la libertad de expresión para cumplir con los estándares internacionales.
Jan ha indicado que la libertad de expresión está formalmente amparada por la Constitución filipina, pero existen ciertas leyes que no se ajustan a los estándares y buenas prácticas internacionales, ha argumentado en el cierre de una visita de diez días al país.
En particular se ha referido a la Ley Antiterrorista de 2020 y algunos de sus artículos que “no están alineados con los criterios internacionales”, informa el diario ‘Phil Star’.
“Sigo preocupada por que la ley permita al Consejo Antiterrorista detener a individuos considerados ‘terroristas’ sin orden judicial previa, lo que va en contra del debido proceso. La supervisión judicial es necesaria en todas las fases del sistema penal, incluso en casos de terrorismo”, ha argumentado.
La Ley Antiterrorista genera dudas también en cuanto a la “vigilancia ampliada” que permite, lo cual puede tener “un efecto escalofriante en las actividades legítimas de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y en el disfrute de la libertad de expresión”.
Asimismo, Jan ha abogado por despenalizar delitos actualmente tipificados como el libelo, tanto en papel como en Internet. “La Ley de Prevención de los Delitos Informáticos de 2021 se diseñó originalmente para perseguir delitos de ciberocupación, cibersexo y pornografía infantil, pero se ha utilizado para criminalizar a individuos disidentes”, ha reprochado.
Igualmente ha defendido la necesidad de una ley que institucionalice el derecho al acceso a la información y que fomente la transparencia en pro del interés público.
INJERENCIAS Y SESGO
En respuesta, la senadora Imee Marcos ha reprochado a Jan su comportamiento “supremamente presuntuoso”, aunque ha señalado que le sorprende teniendo en cuenta su “parcialidad largamente demostrada en Amnistía Internacional”.
“Con solo diez días en Filipinas (…) en los que solo se ha reunido con unos pocos testigos elegidos se cree con el derecho a decirle al Gobierno filipino qué debe hacer”, ha apuntado.
“Estos extranjeros no solo se inmiscuyen, sino que además ha amenazado con que solo cumpliendo sus recomendaciones podría Filipinas cumplir con sus ‘ambiciosos’ planes de presidir la Comisión de la ONU sobre Mujeres y obtener un asiento en el Consejo de Seguridad”, ha reprochado.
En cambio, el partido progresista Bagong Alyansang Makabayan (Nueva Alianza Patriótica) ha pedido la dimisión de cargos públicos por la desinformación durante la visita de Jan al país. El grupo acusa a diversos organismos de ocultar el verdadero estado de la libertad de expresión.
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