CIUDAD REAL, 2 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) reúne este viernes en la sala Lorenzana del Rectorado en Ciudad Real a representantes del ámbito público y privado del sector agroalimentario con el objetivo de mantener una primera toma de contacto de cara a la puesta en marcha “a futuro” de un proyecto de investigación sobre Derecho Agroalimentario.
En este primer encuentro, los investigadores del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional han elegido como temática de trabajo la protección del patrimonio agroalimentario castellanomanchego, cuestión sobre la que debatirán con representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, corporaciones de Derecho Público como son los Consejos Reguladores, despachos de abogados especializados, certificadoras, cofradías, cooperativas o asociaciones, entre otras partes, según ha informado la UCLM por nota de prensa.
“Queremos conocer la tutela y protección de aquellos productos que son más característicos de nuestro sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, como el vino, el aceite, el queso, el azafrán, cordero manchego o incluso el pistacho. Queremos saber qué problemas existen en torno a la calidad y cómo agricultores y cooperativas devengan ese tipo de alteraciones o fraudes que pueden afectar a la calidad de esos alimentos”, ha expuesto el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM, Adán Nieto.
El profesor Nieto, que junto con los investigadores Luis Arroyo Zapatero, Adán Nieto, Beatriz García Moreno y Sara María Martínez coordina el grupo de trabajo sobre protección del patrimonio agroalimentario castellanomanchego, asegura que el Derecho Agroalimentario es “esencial” para la UCLM y para una región como Castilla-La Mancha, de ahí el interés del Instituto en la puesta en marcha de este proyecto de investigación.
A lo largo del encuentro, las partes expondrán cuáles son, según su experiencia, las causas que motivan la aparición de irregularidades, los tipos de fraude más frecuentes, así como la idoneidad de los controles, de cara a poder derivar estos al cumplimiento del mundo normativo.
“Resulta de especial importancia conocer si cuentan con mecanismos internos de prevención y detección, tales como sistemas de denuncias o información, códigos de buenas prácticas… o si, por ejemplo, han realizado análisis de riesgos a partir de los cuáles han implementado dichos controles”, han apuntado los investigadores.
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