SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
Los rectores de las universidades públicas andaluzas han valorado que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía haya abierto el proceso para la aprobación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) desde el “consenso” y el “diálogo constructivo”. Igualmente, han destacado las “aportaciones de mejora” que han hecho al borrador presentado por la Junta con el fin de “defender en la nueva norma el máximo nivel de autonomía universitaria”.
En un comunicado, los máximos responsables académicos del sistema universitario público andaluz han destacado este viernes el encuentro mantenido en Cabra (Córdoba) con el titular andaluz de la Consejería, José Carlos Gómez Villamandos, y han confiado en que el diálogo abierto permitirá “una norma que perdure en el tiempo y que dote a las universidades de herramientas apropiadas para servir al desarrollo integral de Andalucía”.
En el transcurso de las jornadas de trabajo, “hemos debatido el contenido del documento propuesto por el consejero, a quien hemos realizado nuestras aportaciones de mejora y expresado nuestra defensa en la nueva norma del máximo nivel de autonomía universitaria, al tiempo que hemos valorado muy positivamente su voluntad expresa de que el proceso que se inicia hasta la aprobación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía se guíe por el consenso y el diálogo constructivo”, han argumentado los rectores.
La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) “potenciará” la internacionalización del sistema de educación superior, “mejorará y estabilizará” la carrera académica, “favorecerá” la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, “incrementará” los derechos del estudiantado e “impulsará una mayor transparencia de las instituciones académicas”. Estos son los principios y líneas estratégicas que, a juicio de la Junta, guían la nueva Ley.
En materia de internacionalización, el documento plantea impulsar el papel de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como “elemento esencial de la proyección exterior del sistema público universitario”. En cuanto a la estabilidad de la plantilla docente, se limitará el uso de la figura del profesor sustituto, que sólo podrá ser empleado para necesidades puntuales y no estructurales.
De igual modo, se abre la puerta a nuevos perfiles de personal docente con el fin de lograr la excelencia académica, como es el caso del profesorado distinguido, reservado a grandes expertos de prestigio mundial. En el ámbito del personal técnico de administración y servicios, la futura ley pretende profesionalizar la gestión universitaria a través de la carrera horizontal.
Para alcanzar mayores cotas de transferencia de conocimiento, la LUPA reconocerá esta actividad de transmisión de la I+D+I como esencial en la remuneración de los complementos autonómicos dirigidos a la plantilla de docentes e investigadores.
Por otro lado, el Gobierno autonómico ha aprovechado esta reforma normativa para ampliar los derechos del estudiantado y en materia de transparencia del sistema universitario, el texto elaborado por la Consejería de Universidad exigirá a las instituciones mayor publicidad de sus principales parámetros.
Una vez presentado el borrador de la LUPA a los rectores, la Consejería también dará a conocer el texto a los representantes de la comunidad educativa, tanto al colectivo de estudiantes, como a los representantes sindicales de la plantilla docente e investigadora y del personal técnico de administración y servicios, para así abrir un proceso de diálogo y recoger aportaciones encaminadas a enriquecer el documento. Esta fase de reuniones sectoriales se llevará a cabo a partir del mes de febrero y, en paralelo, se dará comienzo a la tramitación del anteproyecto de ley para poder agilizar al máximo los plazos.
El futuro marco legislativo autonómico se adaptará necesariamente a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque tal y como ya ha subrayado Gómez Villamandos, también paliará, en el margen de actuación que disponen las comunidades, los “efectos adversos” generados por la normativa estatal. Andalucía ha sido la “primera comunidad que reaccionó” a la aprobación de la Ley estatal iniciando, en marzo de 2023, los trámites para modificar el texto vigente en la materia en la región y poder contar, además, con una norma actualizada, teniendo en cuenta que la anterior data de 2013.
- Te recomendamos -
