LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 (EUROPA PRESS)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que entiende la “queja” de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la derivación de inmigrantes sin avisar, al tiempo que considera que con ello “no” ataca al archipiélago canario.
Clavijo, de CC, gobierna en Canarias con el PP, y si bien entiende que se haya generado “mucha polémica” ante las declaraciones de Ayuso, apuntilló que la “realidad es que de las tres comunidades que han querido firmar el convenio, una es Madrid”.
En este sentido, durante una entrevista en el programa ‘Más de Uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero, y recogida por Europa Press, aseguró que entiende la “queja” de Ayuso en cuanto a que lo que solicita al Gobierno de España es que se le informe de dónde van los migrantes, cuáles son las condiciones, lo que dijo “es razonable”.
Por ello, “no” cree que Ayuso “haya atacado a Canarias ni haya hecho unas declaraciones en contra” del archipiélago, sino que consideró que lo que le ha dicho al Gobierno es “si usted va a traer a adultos, dígame dónde los va a poner, infórmame porque es una cuestión de cortesía y también tiene unas competencias que desarrollar”, mientras que en materia de menores dice “colaboro pero ya hay un acuerdo a la hora de sufragar los gastos con un coste medio por menor”. “Es lo único que está solicitando”, apostilló.
El presidente canario subrayó que si bien en materia de traslado de inmigrantes adultos es el Gobierno de España el que los distribuye por todo el territorio nacional, matizando que desconoce “si en colaboración y comunicación con las comunidades autónomas o no”, en el caso de los menores la tutela judicial es de la comunidad autónoma, por lo que se tiene que firmar un convenio para hacer un traslado de expediente en el que estén identificados todos los datos del menor.
Sobre esto último, apuntó que solo tres comunidades han firmado el convenio, tales como son Aragón, Galicia y Madrid, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, mientras que el resto de comunidades “no” han sido “debidamente diligentes a la hora de la firma” del convenio, señalando que se “atrevería a decir que no son colaboradores, pero probablemente hasta que el Estado no despeje la incógnita de cómo son los datos o la cantidad económica que se va a librar, pues a lo mejor no están tan colaboradores”.
En relación al gasto que le supone a Canarias los menores migrantes, Clavijo lo cifró en 11 millones de euros mensuales, por lo que apuntó que los “15 millones de euros más para el año que viene en el proyecto de presupuestos que ya ha presentado el Ministerio de Hacienda” en el caso de las islas “es insuficiente”.
De todos modos, apuntó que la Unión Europea también “tendrá aquí algo qué decir” porque “llegan a Europa, llegan a España, llegan a Canarias, llegan a España pero llegan a Europa”.
MÁS DE 7.200 INMIGRANTES EN ENERO
Del 1 al 31 de enero han llegado a Canarias 7.270 migrantes de forma irregular, 57 más que en los seis primeros meses del 2023, cuando llegaron 7.213, señalando Clavijo que en relación a ello tiene su lucha en dos vertientes.
En concreto, apuntó que por un lado están los adultos, que en un plazo “razonable de seis, siete, ocho días son trasladados a la península”, y por otro lado está los menores no acompañados, que admitió es quizás lo que más está “sometiendo a Canarias” porque hay más de 5.500 niños.
Y, añade, aunque la responsabilidad es de la comunidad autónoma de Canarias, la tutela judicial efectiva porque hay que proteger el derecho del menor “por encima de cualquier otra norma”, también apuntó que se trata de inmigrantes, por lo que entiende que es el “Estado quien tiene que hacer una distribución por todo el territorio nacional y quien tiene que sufragar el coste, entre otras cosas, para garantizar el derecho del menor”.
Esta lucha, admite, “fue imposible” en la legislatura pasada, en la que “nunca se puso al teléfono la ministra Ione Belarra, como si con ella no fuese la cosa”, aunque por el contrario reconoce que la ministra Sira Rego ha mostrado “un cambio de actitud”, ya que han acordado que en el primer trimestre “se tendrá la modificación legislativa que se va a llevar a cabo en cumplimiento de la Agenda Canaria para que efectivamente la distribución de esos menores sea acorde a unos criterios objetivos que se pacten con las comunidades”.
Aquí matizó que el problema radica en la “dificultad de dar una buena” atención a estos más de 5.000 menores, ya que se trata de una cuestión de recursos o de capacidad de la comunidad autónoma, indicando que actualmente las ONGs con las que colabora el Gobierno canario “no tienen más capacidad, no” hay más espacio ni más personal.
Finalmente, incidió que el principal escollo que ponen las comunidades autónomas para acoger migrantes menores se encuentra en que la financiación “tiene que venir por parte del Estado”.
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