GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido cinco años de prisión para una acusada por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública utilizando “un engranaje empresarial” en el sector de la compraventa y comercialización de vehículos, con cuentas “por completo opacas a la Administración Tributaria del Estado” en el ejercicio 2016 con las que habría llevado a cabo un fraude de más de 800.000 euros en concepto de IVA e IRPF, en un caso con otros tres procesados que se enfrentan a tres años de cárcel.
Así se refleja en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de un caso que juzgará la Sección Segunda de la Audiencia de Granada y en el que la acusada se enfrenta al pago de una multa de 1,6 millones de euros, y los tres procesados, a diferencia de la primera todos con antecedentes penales y que lo están sólo por la presunta comisión de uno de los dos ilícitos contra la Haicenda Pública, al abono de una sanción de un millón de euros.
Supuestamente, según el fiscal, se pusieron de acuerdo para “lucrarse ilícitamente, a costa del erario público” para eludir el pago de tales tributos, con lo que además les habría sido posible llevar a cabo sus actividades empresariales “a precio inferior del debido” y “rompiendo las reglas generales reguladoras de la libre concurrencia e incurriendo en palmaria y evidente competencia desleal”.
La acusada supuestamente “asumió y efectivamente llevó a cabo la emisión, con su firma personal, y operando indistintamente como persona física, y también con la denominación comercial” de la empresa “las facturas destinadas a terceros con los que contrató, siendo única titular exclusiva y excluyente de las cuentas bancarias en las que se registraron los movimientos derivados de tales operaciones”, también en efectivo, relativos tanto a compraventas interiores como intracomunitarias.
En las autoliquidaciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) en la anualidad de 2016 habría omitido “a propósito y con el concurso del resto de coacusados declarar la realidad de otra operaciones similares realizadas en el mismo periodo y también el rendimiento económico derivado de las mismas, eludiendo así, y por tal concepto, el obligado pago de una deuda superior a 600.000 euros”.
Además habría omitido por su cuenta “presentar su obligada y preceptiva declaración o autoliquidación en cuanto al Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas (IRPF)” de 2016, eludiendo un pago superior a 120.000 euros, por tanto “en ambos casos muy superiores a los límites punitivamente vigentes”.
Con terceros se comprobó el listado completo de 136 vehículos adquiridos y luego vendidos, “devengando por tales operaciones una cuota de IVA, impagada por no declarada ni autoliquidada, estimada en 641.481″ euros al tiempo que el rendimiento económico de tales actividades habríale reportado 366.218” euros a lo que sumar “los rendimientos obtenidos de las limitadas antedichas que hubo de declarar por IRPF de 2016 sin hacerlo, eludiendo una cuota defraudada ascendente a otros 170.166” euros, pendientes aún de ingreso en el Tesoro.
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