SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración de un proyecto de decreto por el que se establezca “el procedimiento para autorizar la eliminación de documentos públicos originales, en cualquier tipo de soporte, que cuenten con copia electrónica auténtica”.
Así se recoge en una resolución de la Secretaría General para la Cultura de la Junta, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, firmada el pasado 24 de enero y consultada por Europa Press, con la que se establece un plazo de 15 días naturales desde el siguiente a la publicación de la misma en el portal web de la administración andaluza.
En concreto, el periodo de vigencia del trámite de consulta pública previa comenzó el pasado 26 de enero y se prolongará hasta el próximo 11 de febrero, tiempo durante el cual “la ciudadanía, así como los órganos y entidades que producen en el ejercicio de sus competencias documentos de titularidad pública, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados” con esta iniciativa, “de considerarlo oportuno”, a través del buzón de correo electrónico ‘archivos.dgpdb.ctcd@juntadeandalucia.es’.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente, según se precisa en la documentación publicada por la Junta en su página web.
Entre los antecedentes de este proyecto de decreto, la Junta menciona la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, aprobado por Decreto 97/2000, de 6 de marzo.
PARA RESOLVER “PROBLEMAS DE ESPACIO” EN ARCHIVOS PÚBLICOS
Con este proyecto de decreto, desde la Junta quieren resolver los “problemas de espacio que sufren los archivos públicos, que presentan limitaciones en cuanto a las superficies de almacenamiento físico, máxime si se tiene en cuenta que la calificación de las series documentales les otorga, en muchos casos, unos plazos de conservación muy amplios”, según se especifica desde la propia administración autonómica.
En esa línea, desde la Junta justifican la necesidad de aprobar este decreto para “disponer de copias electrónicas de documentos que vengan a sustituir a los originales en soporte papel o en otro soporte no electrónico cumpliendo los requisitos que están previstos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo”.
Finalmente, como objetivos de esta norma en proyecto, para la que no se contemplan alternativas desde el Gobierno andaluz, por parte de la Junta se citan los de “favorecer la conservación de los documentos en el archivo electrónico único de cada administración pública; la optimización de los recursos y el espacio físico de oficinas y archivos, especialmente en el caso de expedientes que deben ser custodiados por tener plazos amplios de vigencia, y garantizar la custodia, conservación y acceso a los documentos públicos”.
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