Las mujeres viajaron a España con falsas promesas de una vida mejor
PALMA, 3 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el miércoles y el jueves (10.00 horas) de la próxima semana la celebración del juicio contra un hombre de 39 años y su madre de 61, acusados de prostituir en locales de alterne de Mallorca a mujeres rumanas desplazas a España con falsas promesas. Ambos se enfrentan a una petición de 20 años de cárcel.
Cabe señalar que la fecha del juicio se señaló hace más de un año, después de que el 11 de enero de 2023 la vista convocada en la Sección Segunda finalizara sin acuerdo entre acusación y defensa.
Tanto los encausados como las víctimas son de nacionalidad rumana. La primera de las víctimas se encontraba en Palma tras haber viajado desde Rumanía bajo una falsa promesa laboral, que le había ofrecido en su país una mujer que la investigación no ha podido identificar ni vincular al acusado, según apunta el fiscal en su escrito.
La víctima carecía totalmente de apoyo familiar y social, tanto en España como en Rumanía. Consciente de esta extrema fragilidad, el hombre logró su confianza mediante una “artimaña de falsa seducción”, según la Fiscalía, y una vez logrado un vínculo de dependencia emocional, presuntamente le quitó el pasaporte y la obligó a trabajar en clubes de alterne, bajo golpes y humillaciones.
La mujer tenía que entregar sus ganancias íntegramente al acusado. La situación se prolongó hasta que en 2013 el individuo concertó su entrega a otras personas en Alemania para que la explotaran sexualmente, “despreciando el más elemental valor inherente a la dignidad humana”, remarca la Fiscalía.
El hombre organizó el desplazamiento a Alemania y la mujer continuó viéndose forzada a prostituirse. Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufre trastornos de salud mental.
COLABORACIÓN DE SU MADRE PARA TRAER A OTRA MUJER DE RUMANÍA
La Fiscalía señala que esto no era “un hecho aislado” para el acusado, ya que le acusa de haber traído a otra mujer desde Rumanía en 2015 para prostituirla, “utilizando idéntica artimaña de falsa seducción”.
Así, consiguió que esta segunda víctima se desplazase desde Rumanía hasta Palma bajo la expectativa de conseguir una vida mejor. La madre del acusado viajó con ella; según la Fiscalía para asegurar el desplazamiento y “proporcionarle una falsa sensación de confianza”.
Así, las dos mujeres volaron juntas en un vuelo Bucarest-Barcelona-Palma e instalaron a la víctima en el domicilio en el que los acusados convivían con otros familiares, “consiguiendo así un absoluto control y sometimiento” de la mujer.
Una vez en Palma, el acusado le dijo a la mujer que debía ejercer la prostitución para devolverle el dinero que les debía. Fue trasladada en repetidas ocasiones a clubes del Arenal y Magaluf, donde le hicieron fotos con ropa sugerente. Esas fotos se utilizaron para chantajearla, advirtiéndole de que las enviarían a su ex marido, con quien estaba discutiendo la custodia de su hija menor ante un Juzgado.
La Fiscalía recoge en su escrito que, encontrándose sola y sin recursos en un país extranjero, la mujer tuvo que prestar servicios sexuales en contra de su voluntad durante varios meses, mientras el hombre se quedaba todas las ganancias. El fiscal mantiene que la golpeaba si se atrevía a reclamar el dinero.
En 2015, con la ayuda de una tercera persona, la mujer consiguió escaparse a escondidas a Canarias. A pesar de este distanciamiento, el hombre siguió amedrentándola por teléfono y exigiéndole dinero, que le entregó por transferencia o a través de terceras personas. A finales de 2015 el varón se desplazó hasta Canarias para continuar con esta conducta, hasta que en abril de 2016 la mujer presentó denuncia ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional.
La Fiscalía acusa al hombre de dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso con dos delitos de prostitución coactiva, y pide para él 14 años de cárcel. Para su madre, pide seis años de cárcel por el primer delito.
La acusación también reclama órdenes de alejamiento en favor de las víctimas y una indemnización de 30.000 euros para una de las mujeres.
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