También alertan a Inspecció del Treball de la “imposibilidad” de educar y reinsertar
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
Educadores de justicia juvenil han denunciado ante el Síndic de Greuges a través del sindicato Iac-Catac falta de seguridad en los centros donde menores que han delinquido cumplen medidas de internamiento.
“No se garantiza la ejecución de diferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internos. Tampoco se puede garantizar la seguridad de los jóvenes”, expone la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Los trabajadores piden al Síndic que se intervenga con urgencia y se tomen medidas para asegurar la protección y seguridad de los menores ante “la situación de desprotección y en consecuencia peligro que sufren”.
“Denunciamos porque estamos en una situación en la que vemos que sería negligente no hacerlo, afirma en declaraciones a Europa Press la secretaria de acción sindical de Iac-Catac, Mireia Herrera, y añade que el sindicato estudia una denuncia por la vía judicial contra altos cargos del departamento.
La denuncia presentada al Síndic alerta de que el personal es insuficiente y de que “la vida cotidiana dentro de los centros se aleja mucho de lo que sería un entorno óptimo para el cuidado, el aprendizaje y en definitiva la reinserción”.
Denuncian entre otros aspectos que se sirven “comidas inadecuadas que no son ni saludables ni equilibradas y que no siguen las pautas establecidas” por nutricionistas, y afirman que en ocasiones se han encontrado con alimentos en mal estado, podridos, caducados o crudos.
“SIN SABER LEER Y ESCRIBIR”
También alertan al Síndic de Greuges de carencias en la formación de los menores internos porque las bajas del profesor del centro a menudo no se cubren, lo que supone que se incumplan las horas de formación, y aseguran que “muchos internos, después de haber pasado años en el centro, salen sin saber leer y escribir”.
La denuncia del sindicato ante el Síndic añade que la falta de personal “no permite hacer adecuadamente los trabajos de cuidado, vigilancia, acompañamiento en la vida cotidiana y educativas en general”, y alertan esto afecta a los derechos de los menores.
Además, consideran que “no atender educativamente las medidas de internamiento vulnera de manera indirecta el derecho que tienen las víctimas a que estas se cumplan con garantía”, y remarcan que las malas condiciones aumentan el riesgo de reincidencia y hace aumentar los conflictos entre menores internos así como los índices de agresiones a profesionales.
“A parte de lo que pasa, estamos constantemente atentos a lo que puede pasar. No habrá recursos para pararlo”, ha añadido Herrera en este sentido.
MEDIOS DE SEGURIDAD
El sindicato ha denunciado la situación también a través de Inspecció de Treball de Catalunya, al que ha alertado de “la imposibilidad de desarrollar correctamente las tareas de educación y reinserción social” por falta de recursos materiales y personales.
La denuncia a Inspecció de Treball, consultada por Europa Press, expone que “debido a la falta reiterada de personal hay una sobrecarga de trabajo”, y afirman que en algunos centros se incumplen los descansos fijados por ley.
Los trabajadores también alertan de que los medios de seguridad y sistemas de comunicación entre profesionales en caso de incidencia son insuficientes, y en cuanto a infraestructuras alertan de una “falta sistemática de mantenimiento” en particular en el centro L’Alzina, con goteras en algunos casos y fallos en los sistemas de climatización y el sistema de canalización de aguas residuales.
JUSTICIA, “ESPECIALMENTE SENSIBLE”
Fuentes de la Conselleria, Derechos y Memoria consultadas por Europa Press han indicado que el departamento “es conocedor de las demandas de este colectivo, se trata de un tema complejo que no es nuevo y el equipo actual es especialmente sensible”, y han recordado que están en contacto con los representantes de los trabajadores.
Consideran que debe tenerse en cuenta “el déficit histórico de profesionales con formación, y por tanto la dificultad para cubrir plazas” entre los trabajadores de justicia juvenil.
Las citadas fuentes han remarcado que se trata de un colectivo de trabajadores de servicios esenciales que “hace un trabajo imprescindible y que es uno de los pilares en el trabajo de reinserción y rehabilitación de los menores”.
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