BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)
La empresa Tersa ha solicitado a la juez que investiga las presuntas emisiones contaminantes de la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) que archive la causa, alegando que la planta cumple con los límites normativos de emisión, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.
El Juzgado de Instrucción 5 de Badalona investiga desde hace seis años las supuestas emisiones contaminantes de la incineradora de Tersa, y en la causa aparecen como imputados el expresidente de la compañía, exconcejal de Emergencia Climática de Barcelona y actual diputado de Sumar, Eloi Badia, y el jefe de explotación.
Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que de la información recopilada durante el registro efectuado en las instalaciones “se verifica el cumplimiento por parte de Tersa de los valores límites de dioxinas y furanos, acreditando, consiguientemente, la fiabilidad del proceso de combustión”.
Aseguran que el informe emitido por la Guardia Civil manifiesta que “a partir de las medias semihorarias calculadas de cada mes se observa que en ningún año del período estudiado (2017-2022) se supera el valor límite de los contaminantes”.
En cuanto a la emisión de dioxinas y furanos, el informe “reproduce, sin cuestionarlas en ningún momento, los datos de los controles trimestrales de emisiones, datos muy inferiores al límite normativo aplicable (entre diez y cien veces por debajo)”.
Según las mismas fuentes, el informe “identifica supuestas alteraciones de la temperatura de combustión, pero que se dan únicamente cuando los hornos no están incinerando residuos”, por lo que consideran que esos datos no son representativos, y no pueden ser interpretados como un mal funcionamiento de la instalación.
Recuerdan también otras investigaciones y análisis periciales en los que “ya se ha determinado por parte de la administración ambiental, peritos expertos y centros académicos que no existen indicios de delito, subrayando que la planta cumple con los límites normativos de emisión y no representa un riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud pública”.
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