MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha puesto de manifiesto este miércoles, durante una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la necesidad de una acción coordinada de las administraciones públicas para ofrecer una solución “urgente” a los vecinos de la Cañada Real Galiana, que llevan más de tres años sin luz.
Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado, durante la reunión se ha fijado como prioridad que se lleve a cabo una acción coordinada para facilitar el acceso al suministro eléctrico en la Cañada Real, una situación que se mantiene desde octubre del año 2020.
“Es imprescindible la colaboración entre todas las administraciones públicas de Madrid y que se adopten medidas urgentes para que las viviendas situadas en la Cañada Real puedan acceder a un suministro eléctrico”, ha declarado el ministro tras el encuentro.
El ministro ha advertido de que se trata de un problema de carácter humanitario que se ha agravado porque las administraciones con competencias en el asunto “han eludido su obligación de poner en marcha un plan adecuado a las necesidades reales”.
Bustinduy ha subrayado, además, la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial creado en 2021 para atajar la situación y poner en marcha planes coordinados que combinen soluciones de emergencia en el corto plazo y medidas a medio plazo para acabar con esta situación que ha calificado de “inadmisible”.
En la reunión, también han abordado la participación de España en el Examen Nacional Voluntario dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Dicho examen, es considerado como prioritario dentro de las competencias del Estado en materia de la Agenda 2030, perteneciente al ministerio que dirige Bustinduy.
El ministro ha pedido la participación en el proceso del Defensor del Pueblo, de acuerdo a su autonomía y competencia, ya que, según ha indicado, “tiene una visión global y, a la vez, muy concreta de la aplicación de las políticas públicas y su impacto en la ciudadanía”.
Según ha precisado Bustinduy, la participación de instituciones nacionales de derechos humanos en estos ejercicios es considerada como buena práctica por la ONU. “Denotaría la importancia que damos a las dimensiones de derechos humanos en la Agenda 2030 y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030”, ha subrayado.
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