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Madrid es condenada por el TSJM a indemnizar a un médico de familia por no proporcionarle los recursos necesarios para proteger su salud

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MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Gobierno regional a indemnizar con 8.000 euros a un médico de familia de Atención Primaria por no dotarle de medios necesarios para proteger su salud e integridad moral en el desarrollo de su labor profesional en su centro de trabajo.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el Pleno de la Sala de lo Social revoca parcialmente la resolución impugnada a instancias de un recurso de la Comunidad y reduce la indemnización de 20.000 fijada en el fallo anterior a 8.000 euros.

El Pleno ratifica el resto de pronunciamientos de una sentencia del pasado 11 de mayo que declaró que la Comunidad de Madrid vulneró los derechos protegidos en el artículo 15 de la Constitución al no dotar a este sanitario de forma completa de los medios y medidas de protección para garantizar su salud e integridad moral.

En agosto de 2021, el médico denunció excesiva carga de trabajo en su centro de salud; excesiva presión de tiempo; falta de control en la ordenación del tiempo de trabajo; falta de personal y conflictividad diaria con usuarios, entre otras quejas.

El demandante afirmaba que la exposición laboral a estos factores de riesgo psicosocial se llevaban produciendo de forma crónica y más aún a raíz de la pandemia, “poniendo en riesgo su salud y sin que se hayan adoptado medidas” para evitar esas situaciones.

La Comunidad de Madrid alegó en el marco del procedimiento que si bien era verdad que no tenía elaborado un plan general de riesgos laborales en el año 2020, desde verano de ese año y sobre todo a partir de 2021 ha desplegado “una intensa actividad realizando un calenario para realizar encuestas entre los afectados ye mitiendo diversos doucmentos”.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a Europa Press que este asunto se encuentra en fase de recurso y que desde la Abogacía lo están estudiando. Además, han detallado que el plan de riesgo psicosocial y la evaluación de todo este proceso se ha llevado a cabo y se encuentra en fase de implementación.


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