MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno creará un laboratorio de evaluación de políticas públicas dirigidas a acompañar a personas vulnerables para sacarlas de su situación de exclusión. Lo harán junto con el centro de investigación Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL), cofundado por el economista Abhijit Binayak Banerjee, galardonado con el Premio Nobel en Ciencias Económicas de 2019 por sus estudios experimentales para reducir la pobreza mundial.
“Hoy les anuncio que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consolidará esta colaboración creando un laboratorio de evaluación de políticas públicas junto con J-PAL y con el profesor Banerjee”, ha avanzado la ministra Elma Saiz, este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados.
Esto demuestra, según ha precisado Saiz, el compromiso del Gobierno de España “para establecer lazos con la comunidad científica al más alto nivel internacional”.
Así, ha precisado que, cuando acabe el proceso de evaluación, en marzo de este mismo año, habrán obtenido evidencias respecto a las actuaciones que pueden tener mayor o menor impacto en el acompañamiento de las personas vulnerables.
“Porque hay un aspecto fundamental. Aun siendo imprescindible, la garantía de ingresos no es suficiente para sacar a nadie de la exclusión. Se necesitan políticas de acompañamiento, como las que hemos desarrollado en estos proyectos”, ha subrayado.
Según ha informado el Ministerio, el profesor Banerjee, a través de J-PAL, ha estado involucrado desde el inicio en el seguimiento de los itinerarios de inclusión ejecutados por comunidades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector, especialmente, de aquellos enfocados en reducir la brecha de cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y entender las causas por las que personas en situación de poder recibir la prestación no la han solicitado.
En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un total de 34 proyectos piloto de inclusión, con un presupuesto superior a los 200 millones de euros, en los que han participado más de 80.000 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o en situación de vulnerabilidad.
La ejecución finalizó en noviembre y ahora se encuentran en fase de evaluación, que concluirá este trimestre con la presentación, a finales de marzo, a la Comisión Europea de, al menos, 18 buenas prácticas.
750.000 BENEFICIARIOS DEL IMV DESDE 2020
Elma Saiz ha destacado que, desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, hace tres años y medio, la prestación ha llegado a más de 750.000 familias en las que viven 2,3 millones de personas, de las cuales, casi la mitad, son menores. “Esta población es equivalente al 45% de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en nuestro país”, ha subrayado la ministra.
Además, ha puesto de relieve que, desde su instauración en 2020, “los umbrales de renta han aumentado un 31%”. De esta forma, según ha precisado, una persona adulta que viva sola tiene garantizados unos ingresos mínimos de 785 euros al mes y una familia de dos adultos y dos menores, de 1.248 euros, “un 43% más de ingresos garantizados que la renta mínima autonómica que menos aportaba en 2019”.
Asimismo, Saiz ha señalado que el Complemento de Ayuda a la Infancia aprobado en 2022 ya ha beneficiado a más de 450.000 familias de rentas bajas con menores a cargo que reciben mensualmente, por cada hijo, “cuantías que oscilan entre los 115 a 57 euros, dependiendo de sus edades”.
Este complemento, según ha puntualizado, ha aumentado “de manera muy importante” las cuantías de la antigua prestación familiar por hijo a cargo, “que hasta 2018 era de 24 euros mensuales, en 2019 pasó a 49 euros para menores en situación de pobreza grave y a 28,5 euros mensuales para niños en pobreza alta”.
La ministra también ha anunciado que seguirán implementando mejoras en la gestión del Ingreso Mínimo Vital que faciliten la solicitud y tramitación, como por ejemplo, “eliminar la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular, que ahora mismo supone, en la práctica, que se tenga que volver a solicitar esta prestación” o eliminar la extinción automática que sucede con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario de IMV.
EXCESO DE BUROCRACIA
En el turno de portavoces, los diputados de distintas formaciones han criticado esta prestación, el hecho de que no estén accediendo a ella todas las personas que lo necesitan así como su “exceso de burocracia”.
Así lo ha expresado la diputada del Partido Popular Irene Garrido, que ha tachado de “fracaso” esta prestación, apuntando algunos problemas como que “solo alzanza al 5% de las personas sin hogar” o que “desincentiva la inclusión laboral”. Por ello, ha propuesto “una reforma de calado” en lugar de “una mejora”.
También se ha referido a esta ayuda la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido para advertir de que “muchísima gente no ha solicitado el IMV porque es absolutamente imposible para ellos poderlo tramitarlo de manera digital”. “No tienen ni los medios, ni las habilidades, ni las competencias”, ha señalado.
Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha insistido en que “hay gente que se está quedando sin poder solicitarla” y el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha lamentado que el traspaso acordado a las autonomías de esta prestación va “francamente lento”.
Por su parte, la ministra ha recordado que el IMV es “una garantía de renta mínima para todo el territorio, un suelo”, por lo que ha recordado a las CCAA que pueden “complementar esas cuantías haciendo más generosa la prestación” o “extenderla a otros colectivos”. Si bien, ha criticado que algunas comunidades como Madrid, “desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital”, han “reducido” su renta mínima “un 84%”.
“En 2020, la renta mínima autonómica llegaba a 71.000 familias y en 2023 solo llega a 1.400 familias. Para esta comunidad es más prioritario bajar los impuestos a quien más tiene que acompañar o incluso extender esta renta del Ingreso Mínimo Vital a las personas más vulnerables”, ha reprochado Saiz.
ADECUARSE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 49
Por otro lado, Saiz también ha destacado que, fruto de la petición realizada en una reunión con el CERMI, se ha comprometido a acompañar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término ‘disminuido’.
“Ayer mismo, fruto de la petición realizada en una reunión que tuve con el CERMI, nos comprometemos a adaptar como consecuencia de la modificación alcanzada de la Constitución en el artículo , recientemente como saben aprobada en esta cámara, en adecuar también las denominaciones en el marco de esa modificación realizada en la constitución corrigiendo términos inapropiados”, ha subrayado.
Mientras, en materia de cuidados, la ministra se ha comprometido a “explorar nuevas medidas” en su ámbito para “establecer una mayor relación entre la acción protectora de la Seguridad Social y la crianza de los hijos e hijas”.
En esta línea, el diputado del BNG Néstor Rego se ha referido a la propuesta del Gobierno de aumentar el permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas, y ha pedido “elevarlo a un año y que las familias monoparentales puedan acumular el tiempo”.
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