MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
La Fundación Hay Derecho ha planteado plantea un mecanismo de sorteo sobre una terna de candidatos para desbloquear de forma “inmediata” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado desde 2018.
Según informó este miércoles esta entidad, su fórmula asegura la idoneidad y la independencia de los nombrados sin necesidad de reformar la actual Ley Orgánica del Poder Judicial.
La propuesta se produce en un contexto en el que la Comisión Europea está mediando entre Gobierno y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, ya que esta institución lleva más de cuatro años con el mandato del CGPJ caducado.
La iniciativa plantea realizar un sorteo entre candidatos preseleccionados que cumplan los requisitos, a lo que se debe sumar el compromiso de los grupos parlamentarios de respetar el resultado. El mecanismo busca evitar el reparto de cuotas entre partidos y los intereses políticos que han impedido la renovación desde 2018.
“Si no se llega a un acuerdo, es clave buscar alternativas para superar bloqueos institucionales. El sorteo es neutral y puede ser muy eficaz ahora”, afirmó la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez.
BOLSAS DE CANDIDATOS
La propuesta se basa en el actual sistema de elección, manteniendo los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Plantea formar bolsas de candidatos propuestos por Congreso y Senado, tanto del turno judicial como juristas, y hacer un sorteo final para escoger a los vocales, cuyo resultado los grupos parlamentarios se comprometerían a respetar.
Según De la Nuez, el sorteo desbloquearía el CGPJ de forma inmediata y neutral, desvinculando los nombramientos de intereses políticos y fortaleciendo la independencia judicial.
La directora de Hay Derecho, Safira Cantos, denunció que la falta de renovación es “una afrenta” que antepone intereses políticos a los derechos ciudadanos.
Esta entidad destacó que el bloqueo ha provocado que el CGPJ no pueda nombrar altos cargos de los órganos jurisdiccionales, lo que se traduce en un 30% de vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo y 1.300 sentencias menos al año.
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