HRW pide al Consejo de Seguridad de la ONU imponer un “embargo global” de armas
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 hace uso de “tácticas de evasión” para importar combustible de cara a “ataques letales” que provocan “homicidios ilegítimos” entre la población civil.
La organización ha indicado en un comunicado que existen indicios de “cambios considerables en la manera en la que el combustible de aviación ha entrado en Birmania durante el último año”, en el que las fuerzas de seguridad han hecho uso de “nuevas rutas” y han recurrido a “unidades de almacenamiento para encubrir el origen del combustible”.
A tan solo un día de que se cumplan tres años de la asonada militar del 1 de febrero de 2021, la directora regional adjunta de investigación de Amnistía, Montse Ferrer, ha indicado que “tras la adopción de medidas por la comunidad internacional en relación con esta mortífera cadena de suministro, las Fuerzas Armadas están recurriendo a tácticas de evasión de sanciones para seguir importando combustible de aviación”.
“Los ataques aéreos han matado o herido a cientos de civiles en Birmania en 2023 y han hecho sentir a muchas personas que ningún lugar es seguro. La mejor manera de impedir que las fuerzas armadas de Birmania lleven cabo ataques aéreos letales es detener todas las importaciones de combustible de aviación al país”, ha dicho.
La cadena de suministro de combustible de aviación a Birmania parece haber cambiado de forma considerable desde que Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron sanciones el año pasado, tal y como refleja el texto, que sitúa el año 2023 como el “peor” en relación a los ataques aéreos de la junta. “Los compradores de Birmania ya no adquieren el combustible directamente sino que aparentemente recurren a múltiples compras y ventas del mismo combustible para distanciarse del proveedor original del combustible”, ha aseverado AI.
Los resultados de esa investigación indican que, en 2023, ante el aumento de las presiones para que empresas y Estados suspendieran los envíos de combustible tras una investigación de Amnistía Internacional sobre la cadena de suministro, se observó una pausa en las importaciones entre enero y marzo.
Sin embargo, en abril de ese año se reanudaron. Después, en agosto, Estado Unidos aprobó su última ronda de sanciones respecto al combustible de aviación, “decisión que pareció dar lugar a otra pausa en las importaciones desde septiembre hasta noviembre, tras lo cual Amnistía identificó un último envío de combustible de aviación en diciembre de 2023”, según recoge el texto.
“Esto es importante porque las unidades de almacenamiento dificultan notablemente la localización del combustible”, ha explicado Ferrer, que ha indicado que “en una unidad de almacenamiento pueden ocurrir muchas cosas: el combustible puede mezclarse para ocultar su origen; los vendedores pueden perder la pista de los compradores a medida que el combustible cambia de manos o los propietarios o directores de las unidades de almacenamiento pueden alegar ignorancia una vez que el combustible llega a depósitos alquilados”.
“Además, cuanto más grande sea la unidad de almacenamiento, más barcos llegan con diferentes tipos de carga, lo que hace prácticamente imposible la localización de los productos por actores externos”, ha añadido.
EMBARGO DE ARMAS
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a imponer un “embargo de armas global” tras considerar que la junta militar birmana ha llevado a cabo “ataques ilegales que han dañado a la población civil” en el marco de sus operaciones contra los grupos armados étnicos.
“Los gobiernos que entreguen ayuda oa transfieran armas o material a la junta se arriesgan a ser cómplices de crímenes de guerra”, ha alertado la organización, que ha acusado a los militares de llevar tres años “cometiendo abusos sistemáticos contra la población, como arrestos arbitrarios, tortura, ejecuciones extrajudiciales y ataques indiscriminados contra civiles”.
“Todo esto supone crímenes de guerra”, ha recalcado. “Aquellos gobiernos que estén preocupados deben hacer más para socavar las capacidades de la junta a la hora de cometer este tipo de violaciones”, ha aseverado la directora de HRW para Asia, Elaine Pearson, que ha instado a la ONU a imponer un embargo y sanciones al respecto.
El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la entonces líder ‘de facto’, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).
La situación supone el mayor desafío para las Fuerzas Armadas desde el golpe dado que los diferentes grupos rebeldes han puesto en marcha ofensivas coordinadas tras formar alianzas para hacer frente a los militares. El pasado mes de octubre, tres de estos grupos anunciaron la puesta en marcha de una ofensiva en el estado de Shan, lo que ha suscitado comentarios por parte de las autoridades de China ante el peligro de una expansión del conflicto.
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