También envía para su validación un Convenio de Seguridad Social con Moldavia y un acuerdo sobre traslado de condenados con Qatar
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha acordado este martes la remisión a las Cortes del Convenio sobre seguridad y salud en la construcción de 1991 y al que en su momento se decidió no sumarse con vistas a su aprobación, al tiempo que también ha hecho lo propio con un convenio de Seguridad Social con Moldavia y otro sobre traslado de personas condenadas con Qatar.
Por lo que se refiere al primero, se trata del Convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue adoptado en junio de 1988 y entró en vigor el 11 de enero de 1991. En aquel momento, se decidió no ratificarlo, trasladando su contenido al Consejo de Ministros, que tomó conocimiento el 11 de octubre de 1990, y a las Cortes Generales el 1 de abril de 1991.
Sin embargo, según ha explicado Moncloa, ahora “se ha considerado oportuno ratificarlo” para que España pase a ser parte dado que no existe “ninguna incompatibilidad entre la normativa actualmente vigente en España y las disposiciones del Convenio”.
El Gobierno ha citado en concreto el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como el Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo, y el Real Decreto 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
Por lo que se refiere al Convenio de Seguridad con Moldavia, fue firmado en Madrid el 21 de julio de 2022, previa autorización del Consejo de Ministros del 14 de junio de 2022. Su remisión a las Cortes se dispuso en la reunión del Consejo de Ministros del 24 de enero de 2023, decayendo por disolución de las Cortes Generales.
El Convenio contempla aspectos básicos de las normas de Seguridad Social. Entre otros, la igualdad de trato con los nacionales de la parte cuya legislación sea de aplicación, la totalización de períodos de seguro para causar derecho a las prestaciones, la exportación de las prestaciones al otro país o a un tercer país si el beneficiario reside en este último. El acuerdo no supone incremento de gasto público.
El Gobierno también ha acordado enviar a las Cortes el acuerdo sobre traslado de personas condenadas a una pena de privación de libertad con Qatar, el cual, según Moncloa, “refuerza las relaciones entre ambos Estados, incrementando la cooperación en el ámbito del traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad, favoreciendo la integración y combatiendo el desarraigo social producido por el internamiento en un país distinto al de origen”.
También en este caso el adelanto electoral impidió que fuera validado por las Cortes, puesto que tras su firma en Madrid el 24 de octubre de 2022, previa autorización del Consejo de Ministros del 3 de mayo de 2022, el Gobierno lo había remitido el 20 de marzo de 2023. Tampoco este acuerdo prevé un gasto adicional.
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