MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes una contribución voluntaria de España a la fiscalía de la Corte Penal Internacional para investigar violaciones masivas de Derechos Humanos en Gaza, con el fin de que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal.
Se trata de una medida en la que ha venido insistiendo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en relación a sus competencias de Agenda 2030.
Según informó el Gobierno de España, se trata de una cantidad de 500.000 euros para el Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, correspondiente al año 2024.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga y enjuicia los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. La Fiscalía es uno de los cuatro órganos de la Corte Penal Internacional y desde junio de 2021 está a cargo del fiscal Karim A. A. Khan, a quien le corresponde tanto la acción penal como la instrucción de los casos.
Esta doble función instructora y acusadora lo convierte en la pieza clave de la Corte Penal Internacional. Actualmente, el fiscal tenía abiertas 17 líneas de investigación, con otras tres en fase preliminar.
En marzo de 2022, el fiscal creó un fondo fiduciario con el objetivo de apoyar esa labor de investigación e instrucción, específicamente dirigido a apoyar su capacidad de investigación. De manera específica, los fondos son utilizados para reforzar su capacidad de investigación de violencia sexual y de crímenes contra la infancia, reformar el apoyo psicosocial a testigos y mejorar en las herramientas y equipamiento para la recolección y análisis y procesamiento de pruebas.
España, “respondiendo a su compromiso con la lucha contra la impunidad y la justicia penal internacional”, contribuye financieramente al trabajo de la Fiscalía.
Para España “es de especial importancia” apoyar las investigaciones abiertas por la Fiscalía, entre las que se cuentan la investigación sobre la situación en Ucrania (abierta en marzo de 2022); la investigación sobre crímenes que presuntamente se han cometido en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental (abierta en 2021); o la investigación en Afganistán (abierta en 2003).
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