MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña impulsada por el PSOE para garantizar la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no tiene asegurada su aprobación.
Las diferencias de PSOE y Junts sobre el alcance del texto definitivo, según apuntan fuentes parlamentarias, podría derivar en que los diputados independentistas no apoyen el dictamen de la ponencia de la ley si los socialistas no aceptan alguna de las enmiendas que mantienen vivas.
Como se trata de una ley orgánica, se necesitan 176 votos a favor, por lo que, si Junts no apoya el texto, la ley volvería a la Comisión de Justicia y se reabriría el debate parlamentario.
Fuentes parlamentarias enmarcan esta tensión en la “presión política” de Junts por su “temor” a las consecuencias del texto resultante a la vista de las últimas actuaciones judiciales.
El texto que se eleva hasta el Pleno difiere del que registró el PSOE en su momento tras incorporarse dos enmiendas pactadas por los socialistas con Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos sobre la entrada en vigor de la ley la amnistía que se aplicará por “el órgano judicial que esté conociendo” y “acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas”.
En lo relativo al terrorismo, excluye de la medida de gracia a las personas que “de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos”, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.
Precisamente, las formaciones independentistas mantienen su intención de ampliar la aplicación de la ley para encausados por terrorismo ante el “temor”, según apuntan fuentes parlamentarias, a ciertas “lagunas” de la norma tras algunas actuaciones judiciales.
Este es el escollo que mantiene actualmente en vilo la aprobación del texto de la ley en el Pleno del Congreso. De aprobarse, será enviada al Senado para rematar su tramitación antes de entrar en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En caso de no recibir el apoyo necesario, el texto regresa a la Comisión de Justicia para seguir debatiéndose en la Cámara Baja.
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