Hay cuatro inhabilitados por fingir contrataciones a una empresa de vigilancia, que hizo y cobró el clan ‘Los Manolos’
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que en octubre de 2020 condenó una trama de falsos contratos en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) por fingir contratos con una empresa de vigilancia que nunca operó: en su lugar, hizo y cobró los trabajos el clan familiar ‘Los Manolos’ con el visto bueno del entonces segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Ramos, ahora inhabilitado.
La sentencia, consultada por Europa Press, da por buena la decisión de la Audiencia de Barcelona, que condenó a los cuatro implicados por un delito de prevaricación administrativa por hechos ocurridos en 2016.
De esta manera, rechaza los recursos de dos de los acusados, entre ellos el exedil, y ratifica la pena de inhabilitació para los cuatro.
En el juicio, dos de los acusados –el patriarca del clan ‘Los Manolos’, Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina; y el titular de la empresa adjudicataria del servicio anteriormente, José Fernández Franco– reconocieron los hechos, y el último explicó que no pudo presentarse de nuevo al concurso público por impagos a Hacienda.
La sentencia considera demostrado que pactaron una comisión para José Fernández Franco, quien contrató al administrador de la nueva empresa adjudicataria a cambio de una comisión compartida con Amaya, quien realmente hacía el trabajo.
Así, la empresa Visegurity recibió los pagos directos del Consorcio del Barrio de la Mina a través de transferencias bancarias periódicas, y al recibirlas hacía, a la vez, transferencias a las empresas que administraba José Fernández Franco –el anterior adjudicatario–, sumando un total de 41.058 euros reenviados con este sistema.
Por su parte, José Fernández Franco retiraba parte del dinero en efectivo –en total, 27.400 euros– y entregaba una parte a Amaya, para lo que al menos cuatro veces “tuvieron encuentros que se producían en dos fases diferenciadas”: primero, José Fernández Franco quedaba con el concejal Juan Carlos Ramos y le daba un sobre con una parte del dinero en efectivo recibido de Visegurity; después, el concejal quedaba con Amaya y le entregaba el mismo dinero.
CONDENAS
La inhabilitación del entonces concejal, autor del delito, es de nueve años; mientras que la del administrador de Visegurity, cooperador necesario, es de siete años.
Tanto Amaya como José Fernández Franco fueron cooperadores necesarios y además la sentencia toma en cuenta como atenuante su confesión, por lo que su inhabilitación es de dos años y tres meses.
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