ROMA, 24 (EUROPA PRESS)
Libero Milone, primer auditor general de las finanzas del Vaticano, ha sido condenado a pagar 49.336 euros al Vaticano en concepto de sanción disciplinaria tras haber sido desestimada su querella por despido improcedente. Milone fue nombrado por el Papa en 2015 y acabó dimitiendo de su cargo dos años después.
El Tribunal vaticano ha desestimado la instancia civil presentada el año pasado por Milone, y su colaborador Ferruccio Panicco -fallecido de cáncer en junio de 2023- en la que reclamaban a la Santa Sede 9,3 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por, según alegaron, “haber sido despedidos tras descubrir irregularidades”.
Su tesis, que no ha sido admitida a trámite por el tribunal del Vaticano, era que fueron forzados a dimitir por el cardenal Angelo Becciu, entonces sustituto de la Secretaria de Estado, condenado a cinco años y seis meses de cárcel por haber malversado los fondos de Secretaría de Estado.
Entonces, Becciu alegó que Milone y su colaborador Pannico estaban espiando la vida privada del personal vaticano, incluido el mismo cardenal, si bien ambos siempre lo negaron. Con todo, la sentencia en primera instancia confirma ahora que Milone, extralimitándose en sus funciones, encargó “ilegalmente a una empresa externa actividades de investigación sobre la vida privada de miembros de la Santa Sede”.
El Papa Francisco creó en 2014 la secretaría para la Economía para poner fin a todas las irregularidades en el Vaticano y puso al frente al fallecido cardenal australiano George Pell. Sin embargo, Pell se vio obligado a dejar su cargo en 2017 para defenderse de los cargos de abuso sexual infantil de los que finalmente fue absuelto. Ese mismo año, renunció el entonces auditor general del Vaticano, Libero Milone.
Tras su dimisión, Milone reveló en declaraciones a la televisión pública italiana que el APSA, el organismo de la Santa Sede que se ocupa de la gestión del patrimonio, había invertido el dinero del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después. En concreto, el que fuera encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana del 2015 a 2017, reveló que el Vaticano había realizado inversiones “arriesgadas” que “no respondieron a la doctrina social de la Iglesia”.
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