MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abogó este miércoles por “ser mucho más ambiciosos” en la “articulación” de la “agenda de políticas públicas”, convencido de que su “deber” es “hacer de la respuesta estructural” que, a su juicio, representó el escudo social, “el modelo la inspiración, la guía, el horizonte” para impulsar “una revolución” de la política social en España con un “enfoque expansivo de los derechos sociales” que, a su juicio, “debe ser el principio rector de todas las acciones” que su gabinete “emprenda en esta legislatura”.
Así lo aseveró en el trascurso de su intervención en el acto ‘EAPN-ES: 20 años de lucha contra la pobreza”, que se celebró en la sede del ministerio y en la que Bustinduy subrayó que los derechos sociales “no pueden ser parches, no pueden ser muros de contención” y que la protección social “no puede articularse de una forma cortoplacista y segmentada”.
“Si aspiramos a reconfigurar nuestro Estado del Bienestar, debemos abrazar una concepción universal de los derechos que garantice la dignidad para el conjunto de nuestra sociedad. Empezamos, así asumo mi tarea en esta legislatura, un nuevo camino hacia un horizonte de bienestar, de justicia social y de certezas y contamos con la EAPN para acompañarnos en él”, admitió, al tiempo que trasladó a la red su “agradecimiento por el diálogo, por compartir estos retos para nuestra democracia, para nuestro país”, al tiempo que juzgó “indispensable” su trabajo “para la sociedad española”.
Tras mostrar su “felicidad” por poder “celebrar” los “20 años de trabajo” de la red “en favor de la prevención y la erradicación de la pobreza, la exclusión social, las desigualdades y la discriminación”, expresó su “voluntad de seguir acompañando a EAPN en su importante labor para la promoción del ejercicio de los derechos de todas las personas”, consciente de la importancia del “debate estratégico clave” para “afrontar los retos del presente y del futuro en la lucha contra la pobreza” que se “nutrirá” del programa conmemorativo en torno a esta efeméride.
En paralelo, quiso “reafirmar” el “convencimiento” de que la “acción” del Gobierno “siempre debe guiarse por las demandas de la sociedad civil e ir de la mano de las organizaciones y las entidades más implicadas en la lucha por cada una de las causas concretas que le ocupan”.
LA EXPERIENCIA DE LA EAPN, FUNDAMENTAL
“Vuestro saber, vuestra experiencia, vuestro conocimiento es fundamental y clave para poder dar con políticas públicas que funcionen, que puedan lograr sus objetivos y por eso es vital, es clave, mantener, nutrir y alimentar espacios de reflexión y de trabajo colectivo y conjunto como este, solo así podremos emprender políticas capaces de abordar eficazmente los problemas más acuciantes de nuestra realidad social”, añadió, al tiempo que reconoció que “enfrentarse a esa realidad es, en ocasiones, desolador” teniendo en cuenta que en España “12 millones de personas viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión social”, lo que, dijo, “representa un 26% de la población total”.
En este contexto, advirtió de que este “no solo es un dato inasumible, sino que es el mayor desafío para el sistema democrático que vive España”. “Es evidente que arrastramos un problema de redistribución y diría de predistribución desde hace décadas”, agregó, para denunciar que “prácticamente todos los índices de desigualdad de ingresos nos colocan en una posición indefendible”.
“Sin embargo, la pasada legislatura, creo sinceramente que abrió una ventana de esperanza”, consideró, para recordar que la pandemia “provocó una caída de más de 10 puntos del PIB, pero esto solo se tradujo en una disminución de 23 euros en términos de la renta media por persona”, cuando entre 2008 y 2013, según datos de la propia EAPN, “se produjo una reducción del PIB de 9,2 puntos que conllevó una disminución de la renta media de 927 euros”, lo cual “indica”, a su entender, “que la implementación del escudo social funcionó”.
En este sentido, estimó que, “a diferencia de las políticas económicas de la austeridad adoptadas tras la crisis de 2008”, dicho escudo social logró “proteger a la sociedad española centrándose especialmente en los grupos más vulnerables” así como “mantener fuera de la pobreza a un millón y medio de personas”.
“Esto son datos, pero son mucho más que datos”, puntualizó, para, a continuación, instar a “imaginar el tipo de país que tendríamos si no hubiéramos conseguido evitar esta situación”, si bien consideró estos resultados solo “como un punto de partida”. “Es nuestra labor que aquello que se puso en marcha como respuesta a una situación de crisis extraordinaria y coyuntural se convierta en medidas que perduren, en políticas públicas estructurales y transformadoras”, apostilló, sabedor de que, “pese a los avances, los retos en ese sentido son extraordinarios”.
EAPN
En la misma línea, el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, llamó a acordar un “pacto estatal contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad”, una estrategia “fuerte, sólida, robusta, que dé respuesta a las muchas situaciones que se dan en distintos colectivos” y, ante todo, “no volver al austericidio” de gobiernos anteriores, a través de políticas “claramente pensadas para las personas y no desde la sospecha a determinadas personas”.
Junto a ello, defendió que las políticas “paliativas” resultan “necesarias y a veces urgentes”, si bien emplazó a “no confundirlas con las políticas que erradican la pobreza” y a “poner en el centro de la agenda política los derechos de las personas y la pobreza”.
En este punto, afirmó que, desde la creación de la red, “se ha avanzado mucho” y tildó como “un acierto importante” la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, aunque, según su criterio, su “éxito podría ser muchísimo mayor si se corrigen sus deficiencias”, tras lo que reivindicó que “todo el mundo” pueda acceder a él “con mayor garantía y facilidad” así como la importancia de “aumentar la cuantía para ayudar a erradicar la pobreza severa a quienes están por debajo del 40% de la media de renta”.
Por último, también reclamó “medidas específicas” como una política de vivienda “efectiva” o la construcción de unos servicios sociales “fuertes que protejan a las personas a lo largo de la vida”, por lo que pidió para ellos “más recursos, un refuerzo y un proceso de modernización”, además de políticas económicas y fiscales “equitativas” que “garanticen” su “sostenibilidad” o “medidas adaptadas y específicas” para colectivos vulnerables como las personas gitanas, con discapacidad, migrantes o mayores.
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