MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad que estableció medidas por el incremento de infecciones respiratorias agudas, entre ellas la obligatoriedad del uso de mascarillas en recintos sanitarios asistenciales.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno este miércoles de la encomienda de este procedimiento legal a la Abogacía General de la Comunidad para interponer un recurso contencioso-administrativo.
Precisamente este miércoles el uso de mascarilla ha dejado de ser obligatorio en centros de salud y hospitales de la Comunidad tras los descensos registrados en la región en la incidencia de virus respiratorios, ya que la orden del Ministerio recogía la posibilidad de fijar su empleo como “recomendación” en aquellas autonomías que presentasen datos de descenso en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas.
Según ha justificado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico recurre a la Justicia, fundamentalmente, por dos razones.
La primera es que entiende que el Gobierno tomó su iniciativa sin el necesario acuerdo de las comunidades autónomas, integrantes también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Inciden en que esto no ocurrió ni en las fases más duras de la pandemia y es un requisito que exige la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, el Ejecutivo regional considera que la situación de urgente necesidad que alegó el Ministerio de Sanidad no existía. García Martín ha incidido en que la propia orden no hace referencia a una situación epidemiológica distinta en lo referente a infecciones respiratorias agudas a las de años anteriores, ni en mortalidad ni en ingresos hospitalarios.
Además, la Comunidad de Madrid considera que, si la situación hubiera sido de este alarmante calibre, la orden se podría haber dictado el mismo día 4 de enero. La Administración autonómica sostiene que esa calificación sólo actúa para justificar una medida de tal magnitud sin contar con los consejeros de Sanidad de las respectivas comunidades autónomas.
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