Han cerrado un acuerdo con el fiscal, mientras el juicio sigue contra otros cuatro cuatro de los acusados, de la misma nacionalidad
VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)
La ciudadana china Lingli X. ha aceptado este lunes una condena de dos años de cárcel y multa de 19.500 euros y sus hijos, Quiongyu y Quiongxian L, tres años de prisión y 960.000 euros de multa tras reconocerse culpables de integrar una banda criminal desarticulada en noviembre de 2022 por utilizar Valladolid como escala o lugar de recepción de numerosos paquetes cargados de cogollos de cannabis que tenían como destino Holanda y Bélgica.
Los tres condenados, por delito de tráfico de drogas de las que no causan grave daño a la salud pero en la modalidad de notoria importancia, han sido los únicos que han cerrado un acuerdo con el fiscal del caso–inicialmente pedía para ellos cuatro años y medio y multas de 1.500.000 euros–y que se han apartado este lunes del procedimiento que se seguirá hasta el próximo viernes en la Audiencia de Valladolid contra otros cuatro presuntos integrantes de la banda, de la misma nacionalidad.
Xiaojie Z, Feng X, Hongwu Z. y Wenjun Y. han rechazado el acuerdo– los dos primeros se exponen a una condena de cuatro años y medio de prisión y multas de 1.500.000 euros y los otros dos a cinco años y tres meses y multas de 10.800 euros–y sus respectivas defensas, en el trámite de cuestiones previas, han solicitado sin éxito la suspensión del juicio al entender que el tribunal vallisoletano era incompetente para entender del asunto y que el órgano competente era la Audiencia Nacional y, subsidiariamente, la Audiencia de Madrid.
Y es que los defensores han alegado que los hechos tuvieron por escenario Madrid, Valladolid, Burgos, Salamanca y Zamora, así como que las siete personas encausadas fueron detenidas en la primera de las citadas provincias, donde se encontraban igualmente sus domicilios, y que la totalidad de la droga intervenida procedía del municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, de ahí que, según entendían, el juicio tenía que celebrarse en la Audiencia Nacional o ante el tribunal de la demarcación judicial de procedencia de los presuntos traficantes.
Sin embargo, la Audiencia de Valladolid se ha declarado competente tras recordar que la investigación se inició en febrero de 2022 en la capital del Pisuerga pero sí ha estimado la petición de los defensores de que las cuatro únicas personas que ya quedaban en el banquillo puedan declarar el último día, una vez que lo hayan hecho anteriormente los policías que intervinieron en la desarticulación de la banda y los peritos.
CIEN KILOS DE COGOLLOS EN UPS VALLADOLID
Así, el primero en declarar ha sido un inspector de la Policía Nacional de Valladolid, instructor de la causa, quien ha explicado que la dinámica utilizada por los acusados era recepcionar los cogollos de cananis–se desconoce el lugar de procedencia–en los domicilios de los acusados, fundamentalmente en la calle Luis García Berlanga de Rivas-Vaciamadrid, para luego empaquetarlos y, con remitentes falsos, entregarlos en distintas empresas de paquetería diseminadas por Castilla y León.
Desde estas últimas, sobre todo de Aranda de Duero y Fuentespina, en Burgos, pero también de Salamanca y Benavente (Zamora), se reenviaban las cajas de cartón a las oficinas de UPS en la calle Norte de Castilla de la capita vallisoletana como lugar de recepción final antes de que el cannabis viajara hasta Holanda y Bélgica.
Precisamente, el funcionario policial, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que la trama se descubrió a partir de una llamada a la Policía Nacional por parte de responsables de la empresa de paquetería UPS en Valladolid a raíz de recibir de su sucursal en Aranda de Duero (Burgos) catorce cajas de cartón, “con un formato anormal y con destino a Holanda”, que despertaron las “sospechas” del servicio de seguridad porque eran “muy voluminosas y de poco peso.
La policía se personó con perros especializados en la detección de sustancias que al olisquear las cajas confirmaron las sospechas. Una vez abiertas, los agentes comprobaron que portaban más de 100 kilos de cannabis y a partir de ahí las pesquisas correspondientes, con la ayuda de las cámaras de seguridad de la empresa paquetera en Aranda, permitieron identificar el vehículo utilizado por dos de los acusados para el traslado de los paquetes.
BALIZAMIENTO DE TURISMOS SOSPECHOSOS
“Se comprobó que quienes habían entregado las cajas en Aranda eran ciudadanos chinos y se obtuvo la matrícula de su vehículo”, ha recordado el instructor de la causa, quien también ha explicado que más tarde las investigaciones condujeron a otros tres turismos más utilizados por el resto que, tras solicitar la correspondiente autorización judicial, fueron balizados para poder conocer sus movimientos.
En el transcurso de la investigación se descubrió que otras muchas cajas de idéntico formato estaban llegando a otras empresas de paquetería diseminadas por Castilla y León, con remitentes falsos, el mismo destino en Holanda y Bélgica y cargadas de cogollos de cannabis, que más tarde eran recepcionadas en Valladolid antes de salir de España. “Para camuflar los cogollos incluso utilizaban fulares, los mismos de los usados en el resto de las cajas intervenidas”, ha puntualizado el testigo policial.
El balizamiento de uno de los turismos utilizados para los portes de la droga hasta las empresas de paquetería o centros colaboradores condujo también a la policía hasta la calle Luis García Berlanga, en Rivas-Vaciamadrid, donde los acusados preparaban las cajas con el cannabis.
El siguiente paso fue explotar la operación antidroga con distintos registros practicados en la provincia de Madrid, tanto en la calle Rutilo de la capital de España, donde la policía se incautó de más de 300.000 euros; como en un inmueble de la referida calle Luis García Berlanga, en Rivas-Vaciamadrid, en el que se hallaron dos cajas preparadas con droga de idéntico formato al del resto intervenido, y en piso de Marcelo Usera, también en la capital madrileña, donde se localizó más de un centenar de gramos de metanfetamina.
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