ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calculado que costará entre 1 y 2 millones de euros de las arcas aragonesas “la mala gestión y la mala praxis” del Ejecutivo autonómico dirigido por expresidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, en la anterior legislatura, con el transporte sanitario no urgente.
Así lo ha explicado Vaquero en rueda de prensa junto al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero; y el director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, Ramón Boria, después de conocer la sentencia del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que condena a indemnizar con el 6 por ciento del beneficio industrial a las empresas licitadoras que han recurrido el contrato de transporte sanitario no urgente por irregularidades en la adjudicación a un tercera empresa.
Mar Vaquero ha indicado que “todos los aragoneses vamos a tener que pagar las consecuencias” de la gestión del Gobierno socialista en Aragón durante la anterior legislatura.
“La irresponsabilidad, las irregularidades, la mala gestión y a la mala praxis en materia sanitaria del Gobierno del Partido Socialista de la anterior legislatura, la van a tener que pagar los aragoneses”, ha lamentado.
En este sentido, ha apuntado que la sentencia viene del recurso presentado por dos de las empresas que no resultaron adjudicatarias de ese contrato de transporte sanitario no urgente.
En concreto, ha detallado que las licitadoras, Transport Sanitari de Catalun-ya S.L.U., y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A. (TASISA), recurrieron la formalización “irregular” del contrato por el que se adjudica a Transalud el servicio de transporte sanitario no urgente de Aragón.
En este punto, ha añadido que, concretamente, lo que han recurrido es el llamado lote 2 correspondiente al transporte no urgente de Sanidad de Zaragoza y provincia con un coste de 25 millones de euros.
CONTRATO FUERA DE PLAZO
Los denunciantes, según ha trasladado la vicepresidenta, han mantenido que el contrato incurre en diversas irregularidades: se formaliza fuera de plazo y se firma a pesar de la falta de acreditación de la disponibilidad de medios materiales de la UTE adjudicataria, siendo “un requisito esencial de solvencia”, según consta en la sentencia.
De esta manera, ha señalado que las condiciones del contrato exigen que antes de la firma del mismo “el licitador adjudicatario debe disponer de la totalidad de vehículos ofertados”.
“Esto no se hizo antes bien, se verificó que el adjudicatario no disponía de los vehículos comprometidos y se optó por diferir el inicio de la prestación a tres meses después”, ha recriminado.
Además, ha añadido que las empresas no adjudicatarias recurrieron a la Consejería de Sanidad en mayo de 2020 y la Administración autonómica rechazó el recurso interpuesto, “negando la concurrencia de irregularidades invalidantes en la formalización del contrato”.
Ante ese rechazo, ha subrayado que Transport Sanitari de Catalunya y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños presentan un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, órgano judicial que ahora ha fallado a su favor.
Preguntada por si el Gobierno de Aragón recurrirá esta sentencia condenatoria, ha contestado que los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés “están estudiando esta sentencia y en su caso se decidirá”.
“Tengo que decir que un recurso de casación ante el Supremo es muy restrictivo y muchas veces nos dicen que alrededor del 95 por ciento ni siquiera son estimados”, ha aseverado.
“GESTIÓN NEFASTA”
Por su parte, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha considerado que esta sentencia es una muestra de “la gestión nefasta” del anterior Gobierno de Aragón.
Asimismo, ha precisado que “es la tercera sentencia contraria” sobre el transporte sanitario que llega desde que está al frente de Consejería de Sanidad. “En el anterior contrato que se adjudicó por el Gobierno de Lambán el transporte sanitario urgente e incurrieron en uno de los mismos errores que han ocurrido ahora”, ha apostillado.
“Esto supone que no solamente no aprendieron de los errores que habían cometido, sino que siguen con esa soberbia de volver a prorrogar encima un contrato que habían adjudicado de forma irregular”, ha afeado el consejero.
El director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, Ramón Boria, ha adelantado que se han redactado los pliegos para el nuevo contrato del transporte sanitario no urgente y se encuentran en fase de intervención, para ser aprobados a lo largo del próximo mes de febrero.
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