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-Audiencia de Ciudad Real realiza un nuevo juicio a un acusado previamente absuelto por el abuso a una mujer con discapacidad

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CIUDAD REAL, 19 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará por segunda vez a J.M.M.N, residente en una localidad de la comarca de Cabañeros, acusado de un delito de abuso sexual a una mujer con discapacidad del 65%, del que fue absuelto en 2022 y cuya sentencia fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, la Fiscalía presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al conocerse la sentencia absolutoria para el acusado, anulando este tribunal la sentencia y obligando a la Audiencia Provincial de Ciudad Real a repetir el juicio.

El nuevo juicio, que se celebrará los días 23 y 24 de enero, contará con un nuevo tribunal conformado por tres magistrados diferentes a los del primer juicio, aunque se juzgarán los mismos hechos que los juzgados por la Audiencia Provincial en el año 2022, con mismos testigos y pruebas.

Según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido Europa Press, el acusado abusó en verano de 2019 de la víctima, una mujer con una discapacidad del 65%, cuando ésta estaba recogiendo moras a las afueras de la localidad donde residían ambos.

Aprovechándose de la condición de inferioridad de la víctima y de la buena relación que mantenía con la familia de ella, según reza el escrito fiscal, el acusado se llevó a la víctima hasta otra zona, “ofreciéndole moras a la mujer hasta que, en un momento dado, con ánimo de satisfacer sus impulsos libidinosos, introdujo su mano por debajo de los pantalones cortos que vestía, hasta llegar a tocar sus glúteos, a pesar de que la mujer le manifestaba reiteradamente su negativa e intentaba apartarse del acusado, consiguiendo finalmente zafarse, subir a su bicicleta y marcharse del lugar”.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado una pena de nueve años de prisión por un delito de abuso sexual, además de la prohibición de que el acusado se aproxime a la víctima a 500 metros durante un periodo de tiempo superior en cinco años a la pena de prisión que resulte impuesta.


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