MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El gasto público per cápita es la cuestión que más preocupa a las comunidades autónomas en su política fiscal frente a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Son las principales conclusiones del trabajo que publicó este miércoles Fedea, en el que se ofrece una aproximación a las preferencias de las regiones a la hora de definir su política fiscal.
Tradicionalmente, los modelos de política fiscal suponen que ésta persigue dos objetivos entre los que se encuentran la estabilización macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, el estudio refleja que en el caso de las regiones tiene que considerarse también un tercer objetivo: la provisión de un determinado nivel de gasto público per cápita.
Así, el estudio incluye datos de las comunidades autónomas correspondientes al período 2013-2022. Los resultados sugieren que, excepto para el año 2020 -que no encaja bien en el modelo por la covid-, el conjunto de las regiones concede un mayor peso a la provisión de un determinado nivel de gasto público per cápita, de entre el 40% y el 60%.
El peso de la estabilización macroeconómica, sin embargo, estaría por debajo del 40%. Finalmente, la sostenibilidad de la deuda sería el objetivo menos prioritario, con un peso que rondaría el 20% al principio del periodo y valores muy próximos a cero en años inmediatamente anteriores a la pandemia.
Por comunidades, el estudio refleja que un grupo de gobiernos autonómicos integrado por Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana aportan un peso del 70% al objetivo de gasto público, mientras que sitúan el de la sostenibilidad de la deuda por debajo del 10%.
El análisis presenta un segundo grupo de regiones que aglutina Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Extremadura y La Rioja, con unos porcentajes y un perfil similar al anterior grupo de regiones.
Finalmente, existe un tercer grupo que engloba Canarias, País Vasco, Navarra y Comunidad de Madrid en el que la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública crece y alcanza valores en torno al 30% y el 40%. Las tres primeras son regiones bien financiadas en términos relativos, lo que tiene consecuencias para los niveles de gasto público per cápita de partida, con lo que el foco se concentra en la sostenibilidad de su deuda.
No obstante, la Comunidad de Madrid no disfruta de una financiación superior a la media, pero ofrece una mayor preocupación por la sostenibilidad de la deuda superior a los valores de gasto público, según el estudio.
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