La UE establece no solo la obligación de perseguir sino de castigar los actos de terrorismo
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Las enmiendas parciales presentadas por Junts y ERC a la proposición de ley de la amnistía podrían tener el efecto contrario al deseado, ya que lejos de eludir el choque frontal con la UE podrían aumentarlo al proponer que el perdón se extienda a todos los actos de terrorismo vinculados al ‘procés’, independientemente de que cuenten o no con sentencia firme, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La proposición de ley de amnistía, registrada en solitario por el PSOE el pasado 13 de noviembre, ya contemplaba perdonar los delitos de terrorismo cometidos en el marco del proceso independentista, si bien excluía expresamente los casos en los que ya hubiera sentencia firme.
Esto significaba amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que la Audiencia Nacional (AN) ha enviado a juicio por delitos de terrorismo y a los investigados también en la AN por los disturbios presuntamente orquestados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del ‘procés’ en el otoño de 2019, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La novedad que plantean Junts y ERC respecto al texto inicial es que sean amnistiables todos los actos de terrorismo perpetrados en el contexto del ‘procés’, también en los casos donde ya haya recaído sentencia firme.
Cabe destacar que el PSOE y ERC, en la enmienda parcial que firman conjuntamente con Sumar, BNG y Bildu, abogan por mantener la redacción original, es decir, perdonar solo los casos de terrorismo asociados al ‘procés’ donde no haya sentencia firme.
Sin embargo, este mismo miércoles el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado en declaraciones a la prensa que “los delitos graves” como los de terrorismo “han de estar exceptuados de la amnistía”.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press no ven cambios en los efectos prácticos por la modificación sugerida en las enmiendas parciales. Y ello porque los únicos casos investigados por delitos de terrorismo en el ‘procés’ son los de los CDR y Tsunami Democrátic, ambos lejos de que haya siquiera sentencia.
El primero, se encuentra en fase de apertura de juicio oral y, el segundo, en fase de instrucción, pendiente además de dos decisiones clave –la imputación del ex presidente catalán Carles Puigdemont y la calificación jurídica como actos terroristas–. Las fuentes subrayan que en ningún procedimiento daría tiempo a dictar sentencia antes de que entre en vigor la futura ley de amnistía.
LAS NORMAS COMUNITARIAS
Así las cosas, solo aprecian una ampliación del objeto de la amnistía por cuanto abarcaría a más casos y más personas –aunque sin concreción actual– que supone aumentar también la colisión con las normas comunitarias en materia antiterrorista.
Las fuentes jurídicas recuerdan que la piedra clave de la normativa europea sobre terrorismo es la directiva 2017/541 –que sustituyó a decisiones marco anteriores–, la cual establece la obligación de los estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos.
Los expertos preguntados señalan al artículo 3, donde se recoge la obligación de perseguir al determinar que los estados miembros “adoptarán las medidas necesarias” para “garantizar” que determinados actos sean tipificados como delitos de terrorismo.
A ello suman el artículo 15 de la misma directiva, conforme al cual los estados miembro también “adoptarán las medidas necesarias” para “garantizar” que estos delitos “sean castigados con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias”.
Por tanto, las fuentes entienden que la proposición de ley de amnistía chocaba desde el principio con esta directiva comunitaria y que ahora, con las enmiendas parciales, simplemente se ahonda en el conflicto con el derecho europeo porque permite extender el perdón a los casos sentenciados en firme.
En consecuencia, auguran que desde la Audiencia Nacional, tribunal que residencia las dos causas afectadas, se preguntará al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre esta discrepancia entre el derecho comunitario y el derecho nacional, lo que permitirá suspender la aplicación de la amnistía a ambos procedimientos hasta que la corte de Luxemburgo resuelva.
- Te recomendamos -
