MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha citado este martes a once exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la masacre de Urrao de 2003, en la que murieron diez personas, entre ellas el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y por otros delitos de secuestro.
“Esta convocatoria hace parte del abordaje de los hechos y las conductas en su dimensión regional a escala de Bloque de Frentes a través de la identificación de los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada y la satisfacción de las demandas de verdad y de reconocimiento presentadas por las víctimas”, ha señalado la JEP, según publica la emisora colombiana Radio W.
La sala ha llamado a exguerrilleros como Rodrigo Sepúlveda, alias ‘Alexander 18’ (del Frente 18), a Julio Ramos Castro ‘Darío Chirijo’ (excomandante del Frente 2), a Jorge Enrique Rodríguez ‘Iván Vargas’ (extraditado a Estados Unidos y señalado por narcotráfico), a Wilson Peña ‘Alexander’ (excomandante del Frente 49), que no ha podido ser localizado, y Jorge Eliécer Trejo, cuyos abogados desconocen su paradero desde 2019.
Con estas citaciones, la Sala pretende cerrar la investigación y responder a las peticiones de las víctimas. El 5 de mayo de 2003, integrantes del Frente 34 asesinaron a diez personas, entre ellas Gaviria Correa y el exministro de Defensa y consejero de Paz Gilberto Echeverry Mejía, que se encontraban bajo su cautiverio justo cuando se enteraron de la presencia de una unidad militar que pretendía rescatarlos.
La Justicia colombiana condenó en 2006 por esta masacre a algunos altos cargos de las FARC como a Pedro Antonio Marín ‘Manuel Marulanda’ (fallecido), a Jorge Briceño ‘Mono Jojoy’ (fallecido), a Guillermo León Sáenz ‘Alfonso Cano’ (fallecido), a Luciano Marín Arango ‘Iván Márquez’ y a Rodrigo Londoño Echeverri ‘Timochenko’ a 40 años de prisión. Tras los acuerdos de paz de 2016 se concedió la amnistía a gran parte de los exguerrilleros, excepto para los que cometiesen delitos graves como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores.
- Te recomendamos -
