VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)
La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) con representación en la Comunidad Autónoma se han unido para urgir a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que deje sin efecto “de manera inmediata” la Orden de septiembre de 2021 que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
A esto han unido la necesidad de que el Gobierno de la nación colabore y trabaje con la UE y con las comunidades autónomas para modificar el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats con el objetivo de cambiar el actual estatus para que el lobo pase a ser “gestionable” en toda Europa, un objetivo “más complejo”, según han asumido, al que precede la propuesta de la Comisión Europea del pasado mes de diciembre de rebajar la calificación del lobo de “estrictamente protegido” a “protegido”.
Así lo han acordado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias en una “reunión monográfica” para analizar la “esperada y muy trabajada” propuesta de la Comisión Europea.
Junta y organizaciones profesionales agrarias han hecho especial hincapié en la urgencia de dejar sin efecto la Orden ministerial que incluyó el lobo en el LESPRE “de la forma que –el Gobierno– crea oportuna y han apostado como fórmula más rápida que se allane a la declaración de nulidad de la Orden que está en estos momentos en el trámite contencioso-administrativo.
A esto han añadido la posibilidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dicte “sin más” una nueva Orden en ese objetivo de volver “de manera inmediata” al régimen anterior en el que el lobo era “gestionable” al norte del Duero “de forma ordena, controlada y técnica y con cupos comarcales”, según ha reivindicado el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Tanto el consejero como los representantes de las organizaciones profesionales agrarias han coincidido en criticar los “efectos muy negativos” de una decisión “ideológica” y “no consensuada” que ha incrementado en un 30 por ciento los daños a la ganadería y las indemnizaciones por los daños, que han pasado de medio millón de euros a 3,5 millones.
“El ganadero no quiere compensaciones, quiere sensatez, equilibrio y que se vuelva a la razón”, ha defendido Suárez-Quiñones que ha reiterado la “mano tendida” de la comunidad autónoma de Castilla y León al Gobierno central para que recupere el “histórico consenso” sobre el control del lobo que, según ha reprochado en sucesivas ocasiones, rompió en 2021. “Lo que no se hizo en 2021 que se haga en 2024”, ha añadido.
Suárez-Quiñones ha advertido al Gobierno de la nación de que “el cronómetro” lo ha puesto Europa para que salga de un camino “que le quema” tras un “supuesto amparo –la población del lobo sobre la que no había censo– que se ha convertido en lo contrario” y que, según insisten, ha sido contraria a los intereses del sector ganadero de extensivo y de la sociedad en general.
“Exigimos un cambio tajante porque fue una barbaridad incluir el lobo en listado del LESPRE”, ha reclamado por su parte el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, que ha cifrado en más de 12.000 los animales muertos por los ataques del lobo entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023.
En el mismo sentido se ha pronunciado el representante de la Alianza por la Unidad del Campo, Aurelio González, que ha aclarado que dejar sin efecto la Orden ministerial no es suficiente por lo que ha exigido “ir más allá” en base al estudio sobre la población del lobo que se está realizando que, según han reiterado tanto el consejero como las OPAs, evidenciará que la población del lobo no corre peligro.
González ha asegurado que en los primeros seis meses de 2023 se han producido en Castilla y León nueve ataques diarios de lobos a la cabaña ganadera que han afectado a 1.374 vacas y a 148 ovejas, unas cifras “insostenibles que no hay sector que aguante”, como ha advertido también el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que ha reivindicado la importancia de los ganaderos de extensivo para la gestión del territorio que, sin su existencia, sería “un polvorín”.
Las OPAs han considerado “urgentísima” la celebración de una conferencia Sectorial y han defendido que la propia Comisión Europea ha constatado con su última propuesta que se había “pasado de frenada” en la protección del lobo, por lo que han apelado a la “sensatez” del Gobierno de la nación para que vaya en la línea de la UE “por consenso y con datos objetivos”.
“No pasa nada por dar marcha atrás”, ha insistido González Palacín que ha advertido finalmente de que si el Ejecutivo central no cambia el régimen de protección del lobo va a haber presión “porque la situación es desesperada”.
El consejero ha hecho especial hincapié en que el debate no es sobre una conservación del lobo “que ha sido efectiva”, ha rechazado lecciones sobre conservación de las especies y ha compartido con el sector que la inacción del Gobierno va en perjuicio del sector ganadero por lo que ha reiterado su ofrecimiento de “hacer tabla rasa de forma generosa y humilde” para que no haya ni ganadores ni vencidos y para que se pueda discutir después sobre si la gestión del lobo es suficiente o no.
“Pero que nos permitan hacerlo”, ha sentenciado sin descartar otra vía de presión con el resto de las comunidades autónomas a la vista del censo nacional decenal que se tiene que conocer en los próximos meses y hasta cuya publicación no le hace ser optimista respecto a un cambio de postura del Ministerio.
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