MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El portavoz de Interior y Justicia del grupo parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, sugirió este martes que el espionaje y fabricación de pruebas contra independentistas llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy desde el Ministerio del Interior sería “causa de disolución” del Partido Popular según el artículo 31 del Código Penal que introdujo ese mismo Ejecutivo haciendo a las organizaciones políticas responsables de actos de sus militantes.
En declaraciones en los pasillos del Senado, donde se celebró el Pleno del Congreso de los Diputados que admitió a trámite la reforma del artículo 49 de la Constitución, Santiago subrayó que en ese espionaje y “coacciones a instituciones privadas” como bancos extranjeros que han divulgado en los últimos días ‘El Diario’ y ‘La Vanguardia’ “hay hechos cometidos después del año 2016”, un año después de esa reforma del Código Penal.
“Si se llega a determinar una responsabilidad penal conforme al artículo 31 del Código Penal, a lo mejor habrá que acabar aplicando al Partido Popular lo que el otro día pedían aquí que se aplicara a otros partidos”, aventuró.
“No nos parece un método sensato, por eso nosotros siempre hemos defendido la reforma de todas esas leyes mordaza que se aprobaron en el año 2015, pero, ahora mismo, con la ley en la mano, lo que se está conociendo probablemente es una causa de disolución del Partido Popular”, puntualizó. En este sentido, y al margen de eventuales comisiones de investigación parlamentaria, el diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso dijo que “es la Fiscalía la que tenía que estar poniendo estos hechos en conocimiento de los tribunales para que se investigaran todas las responsabilidades”.
“Dejemos que sea la Fiscalía quien actúe en el marco estrictamente judicial ante los tribunales y, por nuestra parte, estudiaremos la procedencia, pero parece muy procedente poner en marcha también una comisión de investigación parlamentaria”, remató, sin descartar que Sumar lo haga por su cuenta. “Si la Fiscalía no lo hace, habrá que poner en conocimiento de los tribunales estos hechos. Evidentemente, ésa es mi opinión particular. Es decir, hechos de esta gravedad no pueden quedar en un Estado de Derecho en situación de impunidad”, argumentó.
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