PALMA, 16 (EUROPA PRESS)
El Govern se ha mostrado este martes tranquilo después de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso contra la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública, algo que ha considerado lo habitual adelantando que lo relevante será el pronunciamiento final del TC.
Desde la Conselleria de Salud mantienen que el decreto está permitiendo afrontar con rigor un déficit de sanitarios “muy preocupante”, tanto a nivel autonómico como nacional e insisten en que únicamente persigue captar y fidelizar profesionales sanitarios y dar solución a situaciones como la que se vivía en Ibiza hasta hace poco.
Así, desde el departamento que dirige Manuela García defienden que el Hospital Can Misses ha podido cubrir las plazas de oncólogos que faltaban, precisamente gracias a este decreto.
Por esto, confían en que, por el bien de la sanidad de Baleares, el TC se pronuncie a favor y avale su constitucionalidad.
Cabe recordar que este martes que el TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PSOE y de Sumar contra el decreto-ley balear que elimina la exigencia de un determinado nivel de catalán como requisito para acceder al servicio de salud autonómico.
La corte de garantías ha precisado que el recurso en cuestión se dirige contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Govern balear 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.
Los diputados recurrentes alegaron que el texto vulnera los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatut d’Autonomia de Baleares(EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario.
Asimismo, los del PSOE y Sumar adujeron que podría suponer una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.
La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.
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