MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
Los soportes y canales digitales pueden favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, democratizando este servicio público esencial, pero la digitalización de la Administración de justicia ha de ser un proceso gobernado y participado por todos los grupos interés, incluido el de la discapacidad.
Así se pronunció hoy, en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, quien actuó como ponente en la jornada ‘Democratización digital de la Justicia: personas con discapacidad y menores’, organizado por la Fundación ICAM Cortina y el Centro de Estudios Garrigues.
Democratizar la justicia para las personas con discapacidad pasa por suprimir las restricciones legales y materiales que impiden o dificultan la interacción de las personas con discapacidad con este poder del Estado, señaló Pérez Bueno, y también por prestar apoyos adicionales, que permitan remontar las barreras de entrada.
“Ahí la digitalización”, subrayó el presidente del Cermi, “sin duda puede y debe ayudar a las personas con discapacidad, tanto en la dimensión de hacer desaparecer los obstáculos previos, como en la de acompañar constituyendo una fuente de soporte”.
Pero no basta, añadió el representante asociativo, “la digitalización no es neutra, las tecnologías, los entornos y los procesos en que se basa han de ser necesariamente accesibles, asequibles e inclusivos, y además estar gobernados y dirigidos por instancias múltiples, incluidas las propias personas con discapacidad”.
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