VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha abogado por la creación de un fondo específico contra la despoblación a repartir entre las comunidades autónomas con menor densidad poblacional.
Así lo ha propuesto durante su comparecencia esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, donde ha hecho análisis de la gestión del programa presupuestario ‘Deuda Pública’, así como su relación con el sistema de financiación y el gasto social, tomando como marco temporal el periodo 2004-2021.
Castilla y León recibe el 5,37% de los recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales en la liquidación definitiva de 2021 en función del peso de su población, porcentaje que, como así ha advertido Amilivia, no es representativo ni del gasto de servicios como infraestructuras de carreteras o transporte, ya que los kilómetros de carreteras autonómicas suponen el 16,78% del total nacional, ni del gasto en conservación del medio natural, pues su superficie forestal es el 18,27% del total nacional, porcentajes ambos muy superiores al que se tiene en cuenta.
El presidente del Consejo de Cuentas ha señalado que, con las variables vinculadas al territorio, insuficientemente ponderadas en el modelo actual de financiación con un 3%, no se atiende a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, perjudicando a comunidades con menor densidad de población.
Por ello, Amilivia recomienda incorporar la despoblación como variable creando un fondo específico a repartir, distinto al del fondo de compensación interterritorial, entre las comunidades que, como Castilla y León, registran menor densidad geográfica.
INCREMENTO DE LA DEUDA
El presidente ha iniciado su comparecencia con la evolución del endeudamiento de la Comunidad. Ha expuesto que la deuda (calculada según el protocolo de déficit excesivo, que no incluye los pasivos de las administraciones públicas en poder de otra, créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago) alcanzó en 2021 los 13.215 millones de euros, mientras que en 2004 ascendía a 1.451, experimentando su crecimiento más significativo a partir de 2009, coincidente con la crisis económica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica.
Dicho aumento, ha subrayado, se encuentra por debajo de la media ponderada por el PIB para el conjunto de las comunidades autónomas, y es menos intenso a partir de 2012.
Así, el peso relativo que representa la deuda de Castilla y León con respecto al total de las comunidades no ha variado sustancialmente en el periodo analizado, representando el 4% desde 2010.
BUENA GESTIÓN FISCAL, SEGÚN MOODY’S
Por otro lado, la agencia Moody’s otorga a la Comunidad una calificación crediticia que refleja una buena gestión fiscal y unos moderados niveles de deuda.
Castilla y León se beneficia de un buen acceso a los mercados de capitales. Las ratios de deuda pública sobre ingresos corrientes, indicador básico utilizado por las empresas de calificación crediticia, sitúan a Castilla y León en una posición más favorable que la media de las comunidades autónomas (131,6% frente al 157,5% en 2021).
La deuda pública con respecto al PIB alcanzó en 2021 el 22,7% frente al 25,9% de la media; y la relación de la carga financiera de la deuda con los ingresos corrientes se sitúa en torno al 14%, nueve puntos por debajo de la media.
Asimismo, durante los años en que se han fijado objetivos de deuda por las normas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Castilla y León también ha tenido un comportamiento más favorable que el conjunto de las comunidades autónomas, cumpliendo siempre con el objetivo de deuda pública establecido.
RECOMENDACIONES
En el capítulo de recomendaciones, el Consejo de Cuentas traslada a la Consejería de Economía y Hacienda que promueva una revisión del sistema de financiación a fin de aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales determinadas mediante un estudio del coste real de un catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades autónomas.
Para ello, mientras no se aborde una reforma integral del sistema de financiación, se debe avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades, con una adecuada ponderación de las variables determinantes del gasto por bloques competenciales, especialmente las no poblacionales, tal y como señala el Estatuto de Autonomía, e indicadores apropiados para calcularlos en base a la demanda de servicios, la intensidad de uso, pudiendo ajustar la misma por medio de variables correctivas que puedan incidir significativamente sobre los costes medios por usuario de los servicios relevantes en los distintos territorios.
Teniendo en cuenta las observaciones propuestas por la Consejería de Economía y Hacienda al grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda y Función Pública se sugiere una serie de posibles modificaciones que puedan corregir a su vez la infrafinanciación de determinados servicios públicos, aproximando los recursos recibidos del sistema de financiación a las verdaderas necesidades de gasto.
Así, se aboga por aumentar la ponderación de las variables asociadas al gasto en sanidad y servicios sociales, tendiendo a las proyecciones de población del INE.
Respecto de los indicadores vinculados a los gastos de sanidad, se deberían actualizar los coeficientes asociados por tramos de edad para la población protegida, en función del gasto realmente asumido por las comunidades, que depende del copago de las recetas farmacéuticas.
También se deberían modificar los indicadores asociados a los gastos en educación, de manera que se considere parte de la población que cursa estudios no universitarios y al alumnado universitario.
Con relación a los indicadores asociados al gasto en servicios sociales debería considerarse la población mayor de 65 años en grupos de edad ponderados en función del grado de dependencia reconocido, así como la inclusión de una nueva variable que tenga en cuenta el coste diferencial del mantenimiento de los centros residenciales en las distintas comunidades y su distribución en el territorio.
En cuanto al bloque competencial de otros gastos debería revisarse en profundidad disminuyendo su ponderación utilizando otras variables más realistas como los kilómetros de carreteras y la superficie forestal en detrimento de la población padrón.
Respecto de los indicadores asociados al gasto vinculado al territorio, se debería aumentar el peso de la superficie y la dispersión bajando la ponderación de la variable de otros gastos, atendiendo a las peculiaridades de Castilla y león, su baja densidad de población y su reparto desigual en numerosos asentamientos, que impacta sobremanera en el coste de prestación de los servicios.
Además, se reitera la necesidad de incluir un indicador que refleje el fenómeno de la despoblación y crear un fondo específico, distinto del Fondo de Compensación Interterritorial, que atienda a la despoblación, a repartir entre las comunidades autónomas con menor densidad de población.
También recomienda el Consejo de Cuentas que la Consejería impulse las medidas necesarias para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública revise las condiciones para combinar la financiación de los mecanismos del fondo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación en el mercado, adaptándolas a la situación presente, dado que se fijaron en un contexto diferente al actual.
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