MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El Partido Nacionalista Vasco votará esta semana a favor de modificar el artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’ pero todavía no ha decidido si aprovechará o no el trámite para presentar enmiendas e intentar modificar así otros aspectos de la Carta Magna.
“Votaremos a favor en cualquier caso, pero aún no sabemos si vamos a presentar enmiendas”, indicaron a Servimedia fuentes del PNV ante el debate que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados este martes 16 y jueves 18, en el que se abordará la proposición de reforma de la Constitución que presentaron al alimón el Partido Popular y el PSOE.
Las fuentes consultadas adelantaron que será el propio martes, o incluso el miércoles, cuando el grupo parlamentario, que actualmente cuenta con cinco diputados, clarifique si aprovechará el trámite para introducir otras propuestas de modificación de la Constitución, como trató de hacer en el último intento consensuado por los dos grandes partidos para reformar el artículo 49, en enero de 2023.
Entonces, el Grupo Vasco registró un total de 11 enmiendas. Una al artículo 2 de la Carta Magna, que, según la propuesta ‘jeltzale’, habría pasado a “reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas”.
En otra de sus enmiendas, el PNV proponía eliminar el artículo 155 por considerar que “para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución” y modificar el 8, referido a las funciones de las Fuerzas Armadas, argumentando que “no corresponde a las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento constitucional ni la integridad territorial en una democracia donde ambas cosas se tutelan por los tribunales de justicia”.
El Grupo Vasco también planteó la modificación del artículo 56 para limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones constitucionales e incluir dos disposiciones adicionales nuevas que contemplaban, por un lado, una “cláusula de salvaguarda de las materias propias forales” y, por otro, la creación de una “Sala Foral del Tribunal Constitucional” para dirimir los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento Vasco y de las Normas Forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos dictadas en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, se proponía la constitución de una Junta Arbitral entre el País Vasco y el Estado para los conflictos de competencia existentes.
Además, y para “mejorar el reparto competencial” vigente, el PNV registró otra enmienda que modificaba el artículo 149, referido a la organización territorial del Estado, y otra al 117 para “adecuar el poder judicial a la estructura descentralizada que postula la Constitución y en la que ya se han subsumido tanto el poder ejecutivo como el legislativo”.
Finalmente, reclamaba suprimir la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando éstas sean impugnadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, recogida en el artículo 161, e introducir una nueva disposición adicional que rezaría: “La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.
Para el artículo 49, objeto original de la reforma, el PNV pedía simplemente una nueva redacción “para adecuar su redacción a la contenida en el informe del Consejo de Estado”.
Cuando el PSOE y el PP rechazaron todas las enmiendas a temas distintos del objeto de la iniciativa, fuentes del PNV se quejaron a esta agencia de que ambos partidos “están de acuerdo con que si el jefe del Estado delinque, no pueda ser llevado ante los tribunales, y no parece preocuparles que pudiera repetirse el escándalo de Juan Carlos I”.
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