Hay más de 130 empresas afectadas de la Región de Murcia, Albacete y Alicante
MURCIA, 12 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil investiga a cuatro empleados de una empresa transportista, entre ellos el administrador, por ofertar servicios a clínicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorización para gestionar residuos biosanitarios. A los arrestados se les han instruido diligencias como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Durante la operación, denominada ‘Fake Manager’, los guardias civiles han inmovilizado más de 6.000 kilogramos de residuos biosanitarios cortantes y punzantes y han constatado que la empresa ofertaba servicios a clínicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorización para gestionar este tipo de residuos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita inició la investigación cuando un gestor de residuos peligrosos denunció una incidencia relacionada con la recogida y tratamiento de residuos.
Según la denuncia, un responsable de una clínica dental había solicitado a la empresa gestora de residuos un justificante para acreditar que sus residuos peligrosos habían tenido entrada en su centro de gestión.
Al parecer, estos residuos habían sido recogidos de su centro de trabajo por una mercantil transportista de residuos, con la que se comprobó que no tenía vínculo comercial, por lo que no pudo emitir los documentos de control y seguimiento (DCS) solicitados, los cuales, al parecer, estaban siendo falsificados en el apartado de gestor final, con las consiguientes pérdidas económicas y de credibilidad en el sector.
La empresa transportista de residuos que, presuntamente, estaba tras la falsedad documental denunciada, realizaba el cobro de los servicios ofrecidos en metálico. Los centros productores de residuos no pudieron aportar datos sobre las personas que realizaban las recogidas y, además, la mercantil pertenecía a dos personas, que se culpaban entre ellas, por lo que inicialmente no se pudo determinar al autor de los hechos denunciados.
Los guardias civiles denunciaron los hechos ante la Dirección General del Medio Ambiente, que inició varios expedientes administrativos de sanción por la mala praxis detectada en la gestión de residuos peligrosos a la mercantil transportista, por no informar de donde se entregaban los residuos peligrosos.
Los efectivos del SEPRONA, que continuaban con la investigación, detectaron en una inspección rutinaria a una clínica veterinaria de Molina de Segura que la empresa vinculada a la investigación anterior estaba operando nuevamente.
Los guardias civiles inspeccionaron minuciosamente la documentación y detectaron que la empresa que figuraba como gestor final, donde se suponía que se entregaban los residuos, no había recibido productos de la empresa transportista.
En este caso sí se pudieron constatar los destinatarios de los pagos por los supuestos servicios de recogida y gestión de los residuos peligrosos biosanitarios entregadas por los centros productores.
‘MODUS OPERANDI’
La mercantil investigada iniciaba su actividad estableciendo un vínculo con los centros productores de este tipo de residuos peligrosos, ante la necesidad de hacer entrega de estos, regulados por la Ley de 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La empresa intermediaria de los residuos peligrosos ofrecía sus servicios a través de una página web y, una vez contratada la recogida, transportistas de la mercantil investigada pasaban por los establecimientos para la recogida de contenedores, de unos cinco kilogramos de capacidad, llenos de residuos y entregaban otros de las mismas condiciones vacíos para continuar con el servicio.
Generalmente, el cobro por estos servicios se hacía en efectivo, aunque con posterioridad se realizaba mediante transferencia a una cuenta bancaria, cuya titular no tenía cargo de regencia en la empresa, solo un contrato laboral por horas.
Los documentos de control y seguimiento de los residuos gestionados, presuntamente, eran falsificados con los datos de la mercantil que figuraba como gestora final, a la que no se le hacía entrega de estos residuos ni tampoco se le abonaban los gastos por estos servicios.
Los gestores de la mercantil investigada se apropiaban de las cuantías de gestión final de los residuos y éstos eran depositados y acumulados.
MÁS DE SEIS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS ACUMULADOS
Los investigadores del SEPRONA ubicaron una sede de la empresa transportista de residuos en el municipio de Lorquí, en una parcela vallada donde se llevó a cabo una inspección y se hallaron más de 6.000 kilogramos de utensilios de las clínicas veterinarias, dentales y centros de tatuajes, que quedaron inmovilizados a disposición de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha identificado, localizado e investigado a cuatro personas vinculadas a la mercantil –con funciones de administrador único, un empleado más y dos transportistas que se encargaban de la recogida de los residuos–, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa.
MÁS DE 130 AFECTADOS EN MURCIA, ALBACETE Y ALICANTE
De los hechos constatados se informó a los colegios oficiales de Odontólogos y Veterinarios de la Región de Murcia, para su difusión entre los colegiados y que pudieran presentar sus alegaciones como perjudicados.
Los guardias civiles que han dirigido la investigación han verificado, hasta el momento, una treintena de clínicas afectadas por estas supuestas actividades ilícitas, aunque se estima que el número de empresas perjudicadas supere el centenar, entre la Región de Murcia y las provincias limítrofes de Albacete y Alicante.
Los investigados se enfrentan a las penas previstas para el delito de falsedad documental en documentos público, por parte de particulares de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
El delito de estafa, cuando el importe de lo defraudado supera los 400 euros, penas de prisión de 6 meses a 3 años, teniendo en cuenta para la fijación de la pena el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador y los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Los investigados, los efectos inmovilizados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia.
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