ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)
El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ‘okupación’ ilegal de viviendas en Zaragoza ha atendido 318 casos en tres años, 54 de ellos en 2023, y la mayoría en el distrito Casco Histórico. Esta asesoría es fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Real e Ilustre Colegio de Abogados (ReICAZ) con el objetivo de orientar a quienes sufren esta problemática en la ciudad.
Desde su puesta en marcha en enero de 2021, el 60 por ciento de las consultas corresponden a la primera anualidad, manteniéndose en torno al 20 por ciento en los dos años siguientes, 2022 y 2023. Del total de incidencias, un total de 66 casos, es decir, el 20,75 por ciento, se han dado en el distrito Casco Histórico, seguido por Las Delicias, con el 16,7 por ciento de las consultas.
Las Fuentes han registrado el 6,6 por ciento; Torrero-La Paz el 6,2 por ciento y en triple empate, con un 4,4 por ciento de los casos cada uno, El Arrabal, Oliver-Valdefierro y San José. Asimismo, en el 10,3 por ciento de las ‘okupaciones’ se ha detectado una situación de vulnerabilidad social, de la que siempre se ha dado conocimiento a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para su intervención.
Por otro lado, el 38,58 por ciento de las consultas ya han iniciado los trámites en tribunales, el 35,43 por ciento valoran hacerlo y solo un 25,98 por ciento descarta en principio comenzar esa vía judicial. En un 69 por ciento de los casos, las consultas han procedido de los propietarios de las viviendas, en un 24 por ciento de las comunidades de propietarios y en un 4 por ciento los vecinos particulares afectados.
El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha presentado los datos correspondientes a los tres años de vigencia de esta iniciativa en una rueda de prensa este viernes, acompañado por el coordinador de la Oficina de Asesoramiento de Ocupación de Viviendas, Juan Salanova.
Además, esta colaboración fruto de un convenio que ha finalizado este 2023 se renueva por los próximos tres años, 2024, 2025 y 2026, ha anunciado Víctor Serrano, quien ha calificado este acuerdo “de gran utilidad” para los propietarios y comunidades más vulnerables, los más necesitados de protección y asesoramiento jurídico en la capital aragonesa.
“La ocupación es un problema real y constante que afecta a la seguridad de nuestros vecinos y que degrada nuestra convivencia”, ha afirmado Serrano, quien ha celebrado que tanto el actual equipo de gobierno como el del anterior mandato hayan “revertido el trato de favor” que recibían los ‘okupantes’ antes de 2019.
Serrano ha agregado: “Los propietarios de vivienda de Zaragoza con menos recursos económicos se pueden ir un poquito más tranquilos de vacaciones en agosto, sabiendo que su ayuntamiento y el Colegio de Abogados no les van a dejar desamparados ante una situación de ‘okupación’ de vivienda”.
“Pese a las críticas que obtuvimos por parte de la oposición al impulsar este convenio, en el año 2021, creo que ya nadie duda de que era absolutamente necesario”, ha expresado el consejero municipal.
BALANCE DE 2023
Por su parte, Salanova ha recordado que el objetivo de esta propuesta no es otro que “dar un servicio gratuito, inmediato y especializado, gestionado por abogados especialistas en la materia de ocupación”, así como orientar a los propietarios de inmuebles o vecinos de comunidades de propietarios afectados.
En lo referente a los datos acumulados solo en 2023, el tercer trimestre, es decir, de julio hasta septiembre, ambos incluidos, ha sido el de mayor intensidad de consultas, con hasta 18 casos atendidos, once de los cuales en Casco Histórico, ocho en Delicias y cinco en Oliver-Valdefierro, del total de 54 registrados.
“En concreto, el mes de agosto ha sido que mayor incidencia ha anotado, con un 20 por ciento de las consultas del año, debido a movimientos vacacionales de la gente, lo que produce más oportunidades para la okupación de inmuebles”, ha especificado Salanova.
Respecto a los solicitantes de consultas, el 70 por ciento han sido propietarios de viviendas ‘okupadas’; el 28 por ciento, vecinos con problemas derivados de ‘okupación’ en sus inmuebles aledaños; y el 2 por ciento restante, comunidades de propietarios u otros casos. El canal más utilizado para realizar las consultas ha sido, en un 77 por ciento, el teléfono; mientras que el resto se han realizado por correo electrónico.
Igualmente, ha detallado que la mayoría de las ‘okupaciones’ responden a un interés económico, “buscando que el propietario pague para recuperar su inmueble”; también las que se vinculan a la comisión de delitos, como puede ser el tráfico de drogas; y, por último, la derivada de la vulnerabilidad y necesidad de vivienda por parte del ocupante.
El responsable de la oficina ha aclarado que la conocida como ‘inquiocupación’ no se ha tenido en cuenta en este cómputo porque “no se trata propiamente de una okupación ilegal en sí misma, por contar con un marco jurídico diferente, en definitiva, el desahucio por falta de pago”.
También ha apuntado que la ‘okupación’ de una vivienda de uso habitual, lo que se traduce como allanamiento de morada en el lenguaje jurídico, “es prácticamente inexistente”. En este punto, ha informado de que la tipología de vivienda más susceptible de ser ‘okupada’ es aquella que está vacía, por ejemplo, por tratarse de una herencia o porque el residente habitual, de avanzada edad, se ha ido a una residencia; o la que se alquila por temporadas determinadas, como los pisos de estudiantes, que suelen quedar vacíos en verano.
SENSIBILIDAD Y FUNCIÓN SOCIAL
“También cumplimos una función social, puesto que las consultas provienen de personas a las que la ‘okupación’ supone un quebranto económico y tienen rentas bajas”, ha apostillado Salanova. En este sentido, el consejero municipal ha añadido que los datos lo evidencian, dado que los barrios de la ciudad en los que mayor impacto ha tenido este servicio corresponden con una renta per cápita baja.
Víctor Serrano ha hecho hincapié en la “preocupación” existente en el Ayuntamiento con respecto al impacto de las decisiones adoptadas por el Gobierno de España en el mercado del alquiler de vivienda. “Prorrogar y prorrogar y prorrogar seis meses, sucesivamente, la imposibilidad de llevar a efecto un lanzamiento de una vivienda impacta en la bolsa de alquiler”, ha comentado.
Ha manifestado que hay propietarios que deciden no arrendar, prefiriendo tener sus inmuebles vacíos, un comportamiento que impacta, igualmente, en los ayuntamientos. Así, ha precisado: “A menor oferta y mayor demanda, incremento de precios, de manera que por mucho que el Gobierno de España fomente limitaciones que quedan bien sobre el papel, el mercado no lo soporta”.
GUÍA JURÍDICA
Para completar y facilitar la información, el ReICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la ‘Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal’, elaborada en los primeros meses de andadura del servicio y en la que se detallan cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha repartido este documento en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.
La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono ‘650 662 430’, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico ‘consultasocupacionilegal@reicaz.es’, disponible las 24 horas del día.
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