MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Policía (CEP) asegura que la cesión de la competencia de migración a la Generalitat de Cataluña “debilita al Estado” y defiende que se siga manteniendo el ejercicio exclusivo de esta materia por parte del Estado en línea con el estatuto jurídico del inmigrante.
Según señaló la CEP en un comunicado, tras el Pleno de este miércoles en el Congreso en el que se aprobaron dos decretos que necesitaron de la abstención de Junts, la migración es una materia “muy sensible” que la Constitución española reserva en exclusiva al Ejecutivo central, al considerar que “es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional”.
La confederación considera que esta cesión, anunciada este miércoles por Junts, “no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades” y “responde a la aplicación de un criterio de conveniencia política”, que valoró como “plenamente legítimo pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio”. En este sentido, añadió que la finalidad de la misma “no es la mejora de una política pública sino el paliar una debilidad parlamentaria”.
“Aunque no hemos conocido el alcance concreto de esta cesión, que podría limitarse a la parcela social y laboral y no a otras con mayor afectación a la actividad policial, desde CEP queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, y hacemos un llamamiento a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así”, continuó.
Aseguró, además, tener la certeza de que esta “no será la última de las demandas de cesión de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña”.
“Y aunque se pueda decir que lo acordado se limita a una mera desconcentración de la gestión de políticas públicas sociales y laborales, el hecho en sí es que se debilita al Estado nuevamente en un plano competencial exclusivo por culpa de la aritmética parlamentaria pura y dura”, concluyó la CEP.
- Te recomendamos -
