SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)
La Consellería de Sanidade ha defendido que las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular tienen garantizada la cobertura sanitaria gratuita y que aquellos que entraron de forma legal al país pueden obtener la tarjeta sanitaria “en casos de extrema necesidad o vulnerabilidad debidamente acreditados por un informe de Trabajo Social”.
En una respuesta facilitada a Europa Press en relación a la resolución de la Valedora do Pobo que insta a la Xunta a garantizar la cobertura sanitaria a todas las personas migrantes que se encuentren en el país, la Xunta ha incidido en que “en el momento en que un inmigrante pasa a situación irregular, ya puede obtener la tarjeta sanitaria”.
Señala que las personas que entran en España de forma legal son considerados a efectos administrativos durante los primeros 90 días “como turista/estancia temporal”. “Es en ese período cuando no tienen derecho a tarjeta sanitaria, sin perjuicio de que puedan recibir asistencia sanitaria de urgencia en el Sergas”, ha señalado Sanidade.
Añade que Galicia contempla la posibilidad de conceder la tarjeta antes de que finalice dicho período de 90 días “ante casos de extrema necesidad o vulnerabilidad debidamente acreditados por un informe de Trabajo Social”. Asimismo, apunta que en el caso de menores o embarazadas “se contemplan los plazos de forma diferente para acortar los períodos de emisión de la Tarjeta Sanitaria”.
RESOLUCIÓN DE LA VALEDORA
La Valedora do Pobo ha advertido a la Consellería de Sanidade que no debe negar la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular por carecer de permiso de residencia.
Así lo recoge una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, emitida tras una denuncia realizada por Cáritas de Mondoñedo-Ferrol, que recurrió a la institución que dirige María Dolores Fernández Galiño ante la “sistemática negativa” de Sanidade de conceder la tarjeta sanitaria a menores extranjeros en situación irregular.
La Xunta, como trasladó a la Valedora en la argumentación recogida en el expediente, interpreta que las personas que se encuentran en territorio español durante un período menor a 90 días tienen la consideración administrativa de “estancia” y no de “residencia”, con lo que no tienen derecho a tarjeta sanitaria.
En su resolución, el Alto Comisionado del Parlamento gallego determina que aunque la ley no establece un derecho de acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud para todo extranjero que se encuentre “temporalmente” en España, en el caso de las personas migrantes y, en especial, de los menores, las administraciones deben velar por que cuenten con protección sanitaria gratuita.
Incide en que se trata de grupos poblaciones “vulnerables” que tienen que hacer frente a “dificultades no solo económicas, sino sociales y administrativas” y subraya que la propia ley a la que hace referencia la Xunta “tiene en cuenta la posibilidad de que una persona formalmente en situación de estancia temporal sea merecedora, con todo, de la protección de la salud por parte del Estado”.
Todo esto para, continúa la valedora, la “salvaguardia” de la “dignidad humana” de estas personas si carecen de los medios para atender “sus necesidades más basicas y perentorias de salud, pudiendo demostrar, además, su voluntad de permanecer en país de una manera más estable”.
En esta línea, concluye que la situación planteada por Cáritas en su queja “no compromete” al sistema sanitario ni supone que “se haga un mal uso” del mismo, sino que se trata de “una posible negación de asistencia sanitaria a personas en situación vulnerable, especialmente mujeres y niños” que no pueden acreditar que se encuentran en ESpaña desde hace más de 90 días y que, por este motivo, se les niega desde de la administración la cobertura sanitaria a pesar de que carecen de recursos para hacer frente a los gastos que acarrean “procesos de embarazos y otros”.
CÁRITAS PIDE QUE SE CORRIJA
En un comunicado, Cáritas ha valorado la resolución de la Valedora do Pobo, que ven como “un gran paso para instar a las administraciones y, en este caso a la Xunta, a actuar como garante de los derechos de todas las personas”.
La organización eclesiástica de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol atiende al año a más de 4.000 perosonas de las que el 45% son personas migrantes, de las que uno de cada cuatro son menores de edad.
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