El PSIB defiende la gestión de estas ayudas por parte del anterior Ejecutivo
PALMA, 10 (EUROPA PRESS)
MÉS per Mallorca ha acusado a la consellera de Asuntos Sociales y Familias, Catalina Cirer, de “dar alas al discurso xenófobo y clasista de Vox”, después de que en una rueda de prensa se haya referido a presuntos errores en la gestión de la Renta Social Garantizada (Resoga) por parte del anterior Ejecutivo.
En concreto, Cirer ha explicado este miércoles, en rueda de prensa, que un 20 por ciento de los perceptores de la Resoga en 2023 estaban dados de alta en la Seguridad Social y, por ende, recibían la subvención sin tener derecho a la misma. Además, ha señalado al anterior Ejecutivo por no realizar lo correspondiente revisión anual de todos los expedientes para comprobar que se mantenían las condiciones que dan derecho a los perceptores.
Al respecto, MÉS ha acusado a Cirer de “dar alas al discurso xenófobo y clasista de sus socios de extrema derecha al dar información tergiversada y tendenciosa sobre las personas que recibieron la Resoga de manera irregular”.
El partido ecosoberanista ha recordado, además, que la herramienta que permite detectar la irregularidad en la percepción de esta prestación fue desarrollada y puesta en marcha durante la pasada legislatura.
“Es muy peligroso que la consellera dé datos interesados sobre las personas que recibieron la Resoga”, ha censurado la diputada de MÉS Marta Carrió.
Al mismo tiempo, ha rememorado que la aplicación que permite el cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social con la que la actual Conselleria ha podido obtener los datos sobre el porcentaje que han percibido la Resoga de manera irregular fue también desarrollada durante la pasada legislatura.
“Las primeras pruebas de la aplicación fueron puestas en marcha el primer trimestre de 2023”, han asegurado desde MÉS, que ostentó el liderazgo de la Conselleria la anterior legislatura –bajo el nombre de Asuntos Sociales y Deportes– de la mano de Fina Santiago.
Por su parte, el PSIB ha ensalzado que los ejecutivos de Francina Armengol, con Fina Santiago (MÉS) al frente de la Conselleria, realizaron “de manera permanente controles sobre la idoneidad de las personas beneficiarias para recibir esta prestación”.
Según han rememorado los socialistas, en junio de 2023, estando el anterior Govern en funciones, entró el vigor el convenio firmado con el Instituto Nacional de Seguridad para conocer en tiempo real la situación de los demandantes.
Igualmente, han asegurado que antes de este convenio los trabajadores sociales del Govern realizaron entrevistas periódicas con los solicitantes de la ayuda para actualizar la información laboral de los mismos.
“Se hacían revisiones permanentes y, en muchos casos, se pidió a los beneficiarios reintegros de hasta 8.000 y 9.000 euros por cantidades cobradas indebidamente”, ha alegado el diputado socialista Omar Lamin.
El PSIB ha sospechado que las afirmaciones de Cirer se produzcan justo el día en que el PP vota en contra de los subsidios por desempleo, “un intento de desprestigiar no sólo la labor del anterior Govern, sino la propia Resoga”.
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