MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abogó este martes por “retomar” la tramitación y aprobar “cuanto antes” la Ley de Servicios Sociales.
Así lo defendió en el transcurso de una reunión que mantuvo con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, y en la que manifestó su intención de acelerar la tramitación de esta norma en “colaboración” con las comunidades autónomas atendiendo a las competencias que tienen en materia de asistencia social, según precisó su gabinete en un comunicado.
En este sentido, el ministro agradeció el apoyo que el Gobierno de Navarra ha transmitido en torno a esta ley, así como sus aportaciones para mejorar el texto.
“Las políticas navarras en materia de dependencia, servicios sociales y garantía de rentas son referentes a nivel estatal en muchos ámbitos”, aseveró Bustinduy, al tiempo que insistió en la necesidad de seguir “consolidando y fortaleciendo” los servicios sociales públicos para prestar una atención “más adaptada” a las “necesidades actuales” de la ciudadanía.
Por ello, subrayó la importancia de aprobar “cuanto antes” la Ley de Servicios Sociales, convencido de que “aportará valor a las competencias que ejercen las comunidades autónomas”.
A este respecto, destacó que la norma permitirá reconocer los servicios sociales como servicios públicos esenciales o eliminar las barreras normativas que están dificultando el acceso a las ayudas de emergencia social y, de esta manera, posibilitar que sean concedidas de forma “más rápida y directa”.
En paralelo, hizo hincapié en que la ley garantizará que las personas que reciben servicios y prestaciones básicas tengan reconocido el derecho a seguir recibiéndolos si cambian su residencia de una comunidad autónoma a otra con el fin de “garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio”.
DEPENDENCIA
Junto a ello, el titular de Derechos Sociales reafirmó su compromiso de que la Administración General del Estado siga aumentando la financiación en materia de dependencia hasta que represente el 50% del total, una cifra “récord” que, a su entender, permitirá “asentar un nuevo modelo de cuidados de larga duración”, lo cual se llevará a cabo, según recordó su departamento, con la Estrategia de Desinstitucionalización y la modificación de la Ley de Dependencia.
Por su parte, María Chivite se refirió a los “grandes desafíos” que afrontan ambos gobiernos en torno a la protección social y a la prestación de mejores servicios y reivindicó la “buena sintonía” que mantienen para llevar a cabo estos retos.
En este punto, indicó la importancia de blindar el sistema de bienestar para poder desarrollar los derechos sociales y garantizar así una atención “digna” a personas mayores, con dependencia, con discapacidad o a aquellas que requieren cuidados de larga duración mediante un “nuevo modelo asistencial centrado en la persona”.
En este contexto, mencionó los proyectos que su ejecutivo ha iniciado en la Comunidad Foral en este ámbito, como la construcción de once centros de día, cuyas obras comenzaron en 2023 con financiación del gobierno navarro y a los que se unirán otros centros que se harán en 2024, así como nuevos pisos para personas con discapacidad.
Por último, tanto el ministro de Derechos Sociales como la presidenta navarra coincidieron en la necesidad de ofrecer una “respuesta integral y coordinada” a las personas sin hogar para “paliar” las “dificultades” que hay en el acceso a la vivienda y que, según su punto de vista, son “una de las expresiones más graves de exclusión y vulnerabilidad social”.
En este ámbito, acordaron diseñar una hoja de ruta de trabajo junto a entidades locales y el Tercer Sector para seguir atendiendo a las personas en esta situación.
En el encuentro también participaron la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la consejera navarra de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.
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