MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El nuevo subsidio por desempleo que el Gobierno aprobó a través de un real decreto ley a finales de diciembre “avanza en la generación de incentivos para la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben el subsidio por desempleo”, pero también se ha reforzado la cobertura de las necesidades de las personas en desempleo “sin tener en cuenta en exceso el conjunto de prestaciones existentes dirigidas” a este colectivo.
Son dos de las principales conclusiones del análisis que publicó este martes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la norma, que se vio envuelta en un debate entre los departamentos de Trabajo y Economía antes de llegar a un acuerdo final.
El informe se hizo eco precisamente de la discusión producida y subrayó la “posible tensión entre dos objetivos que en la práctica deberían ser compatibles”. Por un lado, se buscaba priorizar la cobertura de las necesidades de las personas en desempleo, mientras que, por otro, se pretendía avanzar en la “incentivación para acceder a un empleo, intentando evitar la creación de trampas de la pobreza o el uso ineficiente de los recursos públicos”.
“Realizada una lectura detallada de la norma, se observan avances en el segundo de los objetivos mencionados, si bien parece haberse priorizado reforzar el primero de ellos sin tener en cuenta en exceso el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en desempleo de larga duración”, indicó el informe elaborado por Miguel Ángel García Díaz.
Para Fedea, el hecho de que se permita durante 180 días el cobro del salario junto con una parte del subsidio “evita el fuerte desincentivo existente anteriormente para aceptar un empleo derivado del menor beneficio neto obtenido por el perceptor en términos de renta neta y esfuerzo realizado”.
En cuanto a la reducción del subsidio a medida que aumenta el tiempo en el que se ha iniciado la percepción, el análisis subrayó que “permite una doble interpretación” porque “anima a salir de la situación de desempleo lo antes posible, pero también reduce el incentivo a quienes llevan en desempleo más tiempo, una mayoría de ellas”. Sin embargo, Fedea reconoció que al tratarse de una prestación con una cuantía “muy modesta”, no hay “demasiado margen” para apostar por su reducción e incentivar la vuelta al mercado de trabajo.
COMPLEMENTO AL IMV
La principal crítica del centro de estudios se dirigió a que la reforma “no guarda la necesaria relación y coherencia” con el resto de las prestaciones económicas existentes dirigidas a personas en desempleo, entre las que se encuentran el ingreso mínimo vital y las equivalentes rentas autonómicas.
Así, el análisis sugiere que simplificar el número de prestaciones identificando las funciones específicas de cada una de ellas “podría ser más eficiente”. En concreto, propone mejorar la cuantía de la prestación económica contributiva limitando el periodo a 12 meses, disponer de un subsidio por desempleo por un periodo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital, actuando las rentas autonómicas como completo de los colectivos con mayores necesidades.
En todo caso, todas estas prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como “un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo”.
MEJORA DEL SEPE
El informe cree que el margen de mejora para incentivar que los desempleados acepten un trabajo pasa “muy posiblemente” por endurecer las exigencias de búsqueda y de no rechazo de ofertas de empleo, y en la mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas desde los servicios públicos de empleo. Para Fedea, estas cuestiones requieren aplicar un planteamiento y un modelo de organización “diferente” en los servicios públicos de empleo y no tanto un cambio normativo.
El análisis indicó, además, que la intención del Gobierno de mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio “parece lejos de cumplirse” debido al “desequilibrio” entre “los muy definidos derechos” y las “poco concretas” obligaciones de los perceptores de las prestaciones.
También señaló como dificultades para lograr este objetivo las “severas” deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para cumplir con su función de orientación e intermediación debido a su “escasa relación” con las empresas y el “desalineamiento” de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos.
En este sentido, el informe enfatizó que la eficacia del compromiso de actividad como instrumento para medir la intensidad en la búsqueda de empleo “decae de forma significativa” cuando los servicios públicos de empleo tienen “un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo” y manejan “un número muy reducido de las vacantes de empleo existentes al no ser capaces de ofrecer un servicio eficaz a las empresas”.
CUANTÍAS
El análisis también explicó que la reforma incluye una “significativa” ampliación del número potencial de perceptores, incluyendo a los menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores agrícolas, así como de la duración de la prestación en algunos casos y de la cuantía del subsidio.
Según los cálculos de Fedea, dado que cada 100.000 nuevos beneficiarios con una cuantía media de 510 euros al mes en doce pagas, aumenta el gasto en 612 millones de euros, una hipótesis de 400.000 nuevas personas percibiendo el subsidio aumentaría las necesidades financieras en 2.500 millones de euros al año, 0,17 puntos de PIB.
Para el centro de estudios, mantener la renta individual como condición de acceso al subsidio por desempleo, aunque se forme parte de una unidad familiar, provoca “una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización en fines alternativos”.
Por último, criticó que su aprobación a través de un real decreto-ley deteriora “la calidad de la norma al no contar con los correspondientes informes vinculantes y consultivos sobre su contenido”. Además, subrayó que esto es “menos comprensible” cuando la norma entra en vigor en junio de 2024.
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