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Carriedo asume que los presupuestos tendrán que ser prorrogados debido a la falta de datos concretos por parte del Gobierno

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LEÓN, 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, da por hecho que la Junta se verá obligada a prorrogar los presupuestos de 2023 para el próximo ejercicio, dada las fechas en las que nos encontramos y, sobre todo, ante la inconcreción de una serie de datos vitales, a su juicio, que sigue sin facilitar el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

“Nuestra idea es presentar un presupuesto nuevo que tenemos muy avanzado, pero todo apunta que habrá que ir a una prórroga presupuestaria ante la etapa del año en la que nos encontramos, e igual va a pasar con el presupuesto del Estado con toda seguridad”, ha apuntado el consejero económico durante su visita en León a Tresca Ingeniería, empresa que desarrolla productos de hidrógeno verde en Castilla y León.

Aunque desde el Ejecutivo autonómico se sigue exigiendo sin éxito la celebración de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tendría que haberse reunido el pasado mes de junio, tampoco la Junta ha obtenido respuesta a su solicitud de una serie de información relevante para la confección de las cuentas generales de Castilla y León, como las entregas a cuenta, la distribución del déficit entre administraciones públicas, cuál será el incremento salarial entre empleados públicos y también el efecto de la condonación de la deuda a Cataluña de los 16.300 millones, incluidos lo intereses, correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En este último sentido, Fernández Carriedo ha reiterado la injusticia de una medida incluida en el pacto de investidura que, en cifras, supone perdonar a los catalanes una cantidad superior en 1.200 millones al último presupuesto de Castilla y León.

“Quién va a pagar esos 15.000 millones. Esa cantidad que se perdona a una comunidad la pasa a deber el Gobierno de España y, por tanto, todos los ciudadanos del país. Eso significa que un leonés, por ejemplo, tendrá que pagar las embajadas de Cataluña en el exterior…e incluso el gasto de esos varios millones de euros que se van a perdonar a personas que habían incurrido en malversación por el referéndum ilegal que se planteó en su momento”, ha criticado con dureza el consejero, quien ha vaticinado que las consecuencia de todo ello es que cada leonés tendrá que abonar varios cientos de euros para compensar ese pacto con los separatistas.


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