MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La ley de familias, la ley de servicios sociales, los juzgados especializados en violencia a la infancia y la lucha contra los abusos sexuales a menores o acabar con la lista de espera de la dependencia, son algunos de los retos de Pablo Bustinduy y Sira Rego al frente de los ministerios de Derechos Sociales e Infancia y Juventud, en sustitución de Ione Belarra.
Así, una de las primeras medidas que podrán tomar los nuevos ministros de este ramo será retomar la tramitación de la Ley de Familias que quedó interrumpida tras la disolución de las Cortes el verano pasado, como consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones.
En todo caso, durante el gobierno en funciones ya se aprobaron por real decreto los nuevos permisos de paternidad que incluía dicha ley de Familias: un permiso de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata, que será de cuatro días retribuidos al año, y otro de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años, que el Gobierno deberá hacer retribuido en 2024 para cumplir con la directiva europea.
El anteproyecto de Ley de Familias suscitó algún enfado entre las familias numerosas, ya que sustituía el concepto ‘familias numerosas’ por “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”, para incluir también a otras familias como las monoparentales, las formadas por uno o dos progenitores, adoptantes o acogedores con dos hijos, cuando al menos uno de ellos tenga una discapacidad y a las compuestas por dos progenitores, cuando ambos tengan discapacidad. Para las numerosas, este cambio suponía desdibujar su figura.
Asimismo, quedó pendiente la tramitación de la Ley de Servicios Sociales, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde en primera lectura, y que pretendía ser la primera ley de servicios sociales de la democracia.
Esta nueva Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que fue impulsada por Derechos Sociales, establecía que las comunidades autónomas deberán acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio.
Por otro lado, el nuevo ministro de Derechos Sociales tendrá como reto acabar con la lista de espera de dependencia, es decir que dejen de estar en el limbo cerca de 200.000 personas que tienen reconocida la dependencia pero no reciben la prestación que les corresponde.
Por otra parte, durante la pasada legislatura, Derechos sociales llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas para mejorar la calidad de las residencias y del Sistema de Atención a la Dependencia que quiere erradicar, desde ahora hasta 2029, el modelo de “macro residencias”, ya que los centros deberán tener un tamaño máximo de entre 75 y 120 plazas, según su localización.
RESIDENCIAS PARECIDAS A UN HOGAR
La propuesta establece que los centros residenciales tendrán que ser más parecidos a un hogar, con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, y contempla un incremento progresivo del número de trabajadores de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos uno por cada dos personas atendidas. También se establece la atención libre de sujeciones y se apuesta por la atención domiciliaria.
Por otro lado, en lo que respecta a los retos de la nueva ministra de Infancia y Juventud, las ONG han recordado algunos ‘deberes’ que han quedado pendientes porque no pudieron completarse en la pasada legislatura, como poner en marcha juzgados especializados en violencia contra los menores, tal y como mandata la Ley orgánica de protección a la infancia (LOPIVI), asegurar que los niños más vulnerables puedan hacer al menos una comida completa al día, gracias a las becas comedor, o mejorar la atención de los migrantes que llegan a Canarias.
ABUSOS A MENORES
Respecto a los abusos sexuales a menores, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció durante el debate de investidura que van a “reforzar” el marco jurídico para que la responsabilidad civil por los abusos sexuales a menores “no prescriban”, así como “instar” a la Iglesia católica española a “reconocer y reparar” a todas las víctimas de abusos en su seno. También anunció que van a crear “un Fondo Estatal para el pago de pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos”.
Además, se comprometió a “reforzar” tanto los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, “dotándoles de más personal y también de más recursos”, como la labor de inspección en los centros educativos para asegurar que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales.
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