MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Gobierno defiende que, pese a estar en funciones, tenía competencia para pedir a finales de agosto que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser lenguas oficiales de la UE en virtud del acuerdo con Junts para que respaldaran a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Así responde a una batería de preguntas del PP para saber el alcance de dicha solicitud teniendo en cuenta que el artículo 21.3 de la Ley de Gobierno estipula que un Ejecutivo en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose a adoptar, salvo casos de urgencia, debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.
La petición fue formulada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se ha encargado hasta en dos ocasiones en defender y argumentar la misma ante el Consejo de Asuntos Generales de la UE, que es el competente para tomar una decisión.
La mayoría de los gobiernos comunitarios mostraron sus recelos ante la solicitud del Ejecutivo español, sobre todo sin saber las consecuencias financieras y políticas de la medida, pese a que el Gobierno se ha ofrecido a asumir el coste que pueda tener la introducción de tres nuevas lenguas y ha recalcado que el caso español es único y no podría ser esgrimido por otras lenguas minoritarias.
UNA DECISIÓN “POLÍTICA” Y “SIN PRECEDENTES”
Frente a esto, el diputado ‘popular’ Javier Noriega presentó en el Congreso diversas preguntas pidiendo al Ejecutivo que explicara cómo encaja esta decisión “sin precedentes” dentro del “despacho ordinario de asuntos públicos”, qué ley le autoriza a promover una iniciativa “política” estando en funciones, y qué razón de urgencia o de interés general concurren para solicitar esta modificación del reglamento de lenguas cooficiales de la UE.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez despacha estos y otros interrogantes con una sola línea con la que viene a justificar la solicitud elevada a la UE el pasado mes de septiembre pese a estar en funciones. “El Gobierno en funciones actúa siempre con pleno respeto a los límites establecidos en el artículo 21 de la Ley del Gobierno”, se limita a contestar.
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