MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El abogado, experto en defensa del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad Juan Rodríguez Zapatero analiza en un artículo elaborado para ‘cermi.es diario’ la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confiere vinculatoriedad en España a los dictámenes de los órganos de tratados de Naciones Unidas.
En este artículo el experto legal examina exhaustivamente el dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de fecha 18 de septiembre de 2020 respondiendo a la comunicación presentada por Rubén Calleja y sus padres sobre un conjunto de actos de discriminación sistemática y reiterada en el tiempo en razón a la discapacidad de Rubén.
Asimismo, el experto explica el procedimiento penal seguido contra los padres de Rubén por reclamar su escolarización en un centro ordinario con apoyos educativos, así como el incumplimiento pleno del dictamen del Comité de la ONU, de modo que los padres tuvieron que acudir de nuevo a la vía judicial.
Además, en este artículo se detallan cuáles fueron las cuestiones de interés casacional objeto de la sentencia del Tribunal Supremo y sintetiza las consideraciones más transcendentes de la sentencia. También se señala por parte del experto que el Estado Español “ni evitó la discriminación de Rubén ni ha reparado los daños y consecuencias derivado de ello”.
“Estamos ante una sentencia (del Tribunal Supremo) de enorme trascendencia en nuestro sistema de protección de derechos fundamentales y en particular de los derechos de las personas con discapacidad, que interpela directamente al Estado español y al conjunto de poderes públicos, que, ante Naciones Unidas, sigue España sin cumplir la Convención y las obligaciones que derivan de decisiones de órganos como el Comité cuya competencia ha reconocido expresamente España y forma parte del ordenamiento jurídico”, explica.
Por ello, el experto en la materia manifiesta en este artículo que “urge la adopción de las reformas legales necesarias para dar efectividad a los dictámenes de la ONU y desde luego adaptar la legislación educativa a la Convención, para dignificar nuestro sistema democrático, que no puede permitirse la situación actual y la realidad de tantas familias como la de Rubén Calleja que sufren discriminación por discapacidad y el sistema, en muchos casos, ni lo evita ni lo repara”.
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