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El Gobierno mantendrá la rebaja de IVA en alimentos y prohibirá desahucios de personas vulnerables

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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Ministros prevé aprobar este miércoles un nuevo real-decreto ley con un paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania y la inflación que prorrogará hasta junio la rebaja del IVA para los alimentos básicos, aunque siguen en el aire otras rebajas fiscales como la que mantiene en el 5% el IVA del gas y la electricidad. También se aprobará la prohibición de desahuciar a vulnerables sin solución habitacional.

Así, tal y como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura, seguirán con un 0% de IVA alimentos de primera necesidad como leche, pan, huevos, queso, legumbres o verduras y con el 5% otros como el aceite o la pasta.

Además, según confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales, se aprobará el transporte público gratis para jóvenes y desempleados, una medida también anunciada por Pedro Sánchez en el debate de investidura.

Si el Ejecutivo prorrogara todas las medidas vigentes durante el conjunto de 2024, las cuentas públicas dejarían de recaudar hasta 4.895 millones, según lo recogido en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea. La rebaja del IVA de los alimentos tiene un impacto anual de 1.350 millones.

Los 3.545 millones restantes se corresponden a las rebajas fiscales vinculadas a la energía. El Plan Presupuestario recoge que no se prorrogarán pero podría haber alguna sorpresa. En concreto, establecía que el Estado recaudará 1.100 millones más por el fin de la exoneración del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee), 1.032 millones con el término de la rebaja del impuesto Especial de Electricidad, 1.016 con la conclusión de la bajada del IVA de la electricidad al 5% y otros 397 millones con la expiración de la rebaja del IVA del gas, la madera y los pellets también al 5%.

También hay que saber qué ocurre con los descuentos al transporte público, unas medidas que tienen un impacto de otros 1.440 millones y algunas de ellas están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que seguirán vigentes al menos hasta que haya nuevos presupuestos.

En este caso, 760 millones de euros son para las ayudas directas a comunidades y ayuntamientos para reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales, 600 millones para los subsidios de Renfe entre los que se encuentran los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia y 80 millones para la reducción del precio de los títulos multiviaje para viajar en autobuses de línea estatal.

Más allá de las medidas fiscales, el decreto incluirá una prórroga en la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin solución habitacional tras un acuerdo de Bildu anunciado por este partido con el Ejecutivo. Bildu también presumió de que, gracias a su influencia, se mantendrán medidas como la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

En cambio, podrían terminar otras ayudas energéticas como la limitación de las subidas en la tarifa regulada del gas, la TUR, o en la bombona de butano, además de la excepción ibérica, una medida que no se aplica desde febrero, o los descuentos del carburante para transportistas. Sí que previsiblemente se ampliarán los descuentos del bono social eléctrico.

MEDIDAS LABORALES

En materia laboral, de mantenerse ayudas energéticas para las empresas, se volverá a aprobar la prohibición del despido objetivo de empleados por causas derivadas de los costes de la energía, dado que, según informaron a Servimedia fuentes próximas al equipo negociador de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mantendrán “previsiblemente” todas las medidas sobre empleo.

Asimismo, el Ejecutivo debe aprobar también la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que todavía no ha concluido la negociación con sindicatos y patronal para revalorizar este indicador en 2024.

El salario mínimo está fijado en la actualidad en los 1.080 euros por 14 pagas y la propuesta del Ministerio de Trabajo es que se incremente un 4%, hasta los 1.123 euros. No obstante, Trabajo ya ha aclarado que, aunque se apruebe finalmente la subida con el año nuevo en curso, la medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Otra medida que se quiere aprobar también mañana en el Consejo de Ministros, según trasladan fuentes gubernamentales a Servimedia, es la ampliación del umbral de renta para beneficiarse de las medidas de alivio hipotecario. En concreto, la extensión alcanza ahora a familias que ganen hasta 38.000 euros anuales de los 29.400 de límite que hay actualmente. Estas se podrán beneficiar de la congelación de la cuota hipotecaria durante 12 meses, la extensión del plazo de amortización de hasta siete años y la suspensión de todas las comisiones por amortizar anticipadamente hipotecas variables y la conversión a tipo fijo, ente otras.

Mientras, no es previsible que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se aborde en el Consejo de hoy. Ayer, martes, finalizó el plazo para presentar alegaciones en el trámite de audiencia pública. El Ejecutivo quiere lanzar con urgencia este proyecto que decayó con la convocatoria de elecciones generales en julio.


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