La iniciativa remarca la importancia de una red de acogida que genere “espacios seguros” para las mujeres migrantes
BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)
La iniciativa ‘Mujeres en Marcha’ ha demandado políticas de migración que garanticen el derecho a la protección internacional y con enfoque de género y ha remarcado la importancia de una red de acogida que genere “espacios seguros” para las mujeres migrantes y la necesidad de “cambiar la mirada” que existe hacia las migraciones”.
Alboan, Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes de España (SJM), Fundación Ignacio Ellacuría y Loiola Etxea han presentado este martes, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres’, el informe “Invisibilizadas. Mujeres migrantes en el cruce de fronteras”, en el marco del programa conjunto ‘Mujeres en Marcha’.
Este informe, basado en la realidad de las mujeres en los contextos migratorio de Centroamérica y la frontera sur marroquí-española, visibiliza “la vulneración de derechos fundamentales y la perpetuación de violencias a las que se enfrentan las mujeres migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio desde origen, durante el tránsito, en las fronteras y en destino”, según ha explicado Sara Diego, co-autora del informe, financiado por el Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Sara Diego ha destacado que el programa’Mujeres en Marcha’ nació en 2020 como un programa de cooperación internacional, a partir de un diagnóstico realizado en ocho países africanos, con testimonios de mujeres en situación de vulnerabilidad, desplazamiento y refugio.
A partir de 2021, ha explicado, Alboan, Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes de España (SJM), Fundación Ignacio Ellacuría y Loiola Etxea comenzaron a construir “la líneas de sensibilización e incidencia política con el fin de acercar esta realidad al Estado e español y a Euskadi y visibilizar nuestra corresponsabilidad como ciudadanía europea en la perpetuación de dinámicas que convierten los procesos migratorios desde el origen, durante el tránsito, en el ámbito de las fronteras y en destinos en itinerarios de violencias y constantes vulneraciones de derechos”.
Desde ‘Mujeres en Marcha’, ha dicho, “frente a la invisibilización, ponemos en el centro del debate los derechos de mujeres migrantes, poniendo el foco en dos contextos migratorios concretos, los flujos de Centroamérica hacia Estados Unidos y la frontera entre Marruecos y España.
Frente a esa “invisibilización”, ha señalado, este informe ayuda a “evidenciar como el género influye en las experiencias migratorias, a visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres desde el origen, durante el tránsito y en destino, y a denunciar las fronteras que separan países y también esos muros visibles e invisibles, físicos y simbólicos, que marcan las experiencias migratorias”.
En ese sentido, ha denunciado “la corresponsabilidad de las políticas de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Estado español en la vulneración de los derechos fundamentales y la perpetuación de violencias que anualmente terminan con las vidas de miles de personas”.
Sara Diego ha indicado que en las últimas décadas se reflejan cambios en los patrones migratorios, entre ellos que la migración de las mujeres está creciendo a un ritmo mayor que la de los hombres y que cada vez más mujeres viajan de manera independiente en contraste con quienes lo siguen haciendo con familiares.
Además, ha señalado que se ha producido una “nueva y sexualizada división internacional del trabajo que aumenta la demanda de mujeres migrantes para el empleo en sectores tradicionalmente mal remunerados o en condiciones de semiesclavitud”.
Ante estos patrones, Sara Diego ha apuntado la “superposición de crisis como una causa común de desplazamiento forzado” y ha criticado “la priorización de la externalización y securización de las fronteras frente a las vidas” y las “políticas migratorias de contención y de seguridad nacional como estrategia para responder a la movilidad humana forzada que comparten Estados Unidos y la Unión Europea”.
En ese sentido, ha señalado que “las fronteras se han ampliado y desplazado geográficamente convirtiendo a Marruecos, entre otros países del norte de África, y a las fronteras norte y sur de México e, incluso, Guatemala, en muros de contención o países frontera”.
“Estos países ejercen, con la complicidad de la UE y Estados Unidos, y en absoluta impunidad, un control migratorio carente de un enfoque de derechos humanos”, ha censurado.
En la presentación del informe también ha participado Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita a Migrantes de Costa Rica, quien ha advertido que “miles de personas en circunstancias de altísima vulneración” llegan a este país “enfermas y violentadas”, tras su paso por la “inhóspita selva del Darién”, en la frontera colombo-panameña. Según ha dicho, se calcula que en 2023 unas 400.000 personas atravesarán el Darién.
Además, ha señalado que, en base al acompañamiento directo que su organización realiza a estas personas migrantes, “las mujeres y las niñas son las víctimas más evidentes de violencia” y de “problemáticas sobre las que no se habla y, menos aún, se toman medidas significativas orientadas a reducirlas”.
MUJERES MIGRANTES LLEGADAS AL PAÍS VASCO
Por su parte, Claudia Favela, desde su experiencia como mujer migrada y como profesional en Fundación Ellacuría acompañando a personas migrantes en el País Vasco, ha advertido que, “al llegar, la violencia continúa a través de un proceso de desvalorización de la persona, que sufre múltiples discriminaciones por su origen, género, clase social, religión, color de piel”.
Por eso, ha asegurado que, “ante las violencias vividas en origen y en tránsito”, es “muy importante que, como sociedad de destino, entendamos la importancia que tienen las políticas de acogida” porque “una buena cogida a la población migrada en general, pero sobre todo, a las mujeres, debería de estar centrada en el reconocimiento y conocimiento de lo que ocurre en los lugares de origen, en el tránsito y de la vulneración de derechos que ocurren en esta sociedad”.
“Es muy importante generar espacios seguros donde poder escuchar a las personas, orientarlas y ayudarles a ajustar sus expectativas y cambiar la mirada que tenemos hacia las migraciones”, ha reiterado, para advertir que, “muchas veces, a una migración que parece meramente económica, le precede una situación de violencia en destino” y reclamar “políticas de acogida con perspectiva de género más inclusivas” y que “se visibilicen los aportes de las personas migradas en esta sociedad”.
Por su parte, Clara Esteban, experta en incidencia política de Entreculturas, ha afirmado que “las políticas de externalización y securitización de las fronteras exponen a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad, discriminación e indefensión” y ha criticado que el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo “nada hace por los derechos de las mujeres y las personas migrantes en general”.
Esteban ha demandado una cooperación internacional que “avance hacia una gobernanza global, coherente y coordinada de los flujos migratorios, que anteponga la protección de los derechos humanos y de la vida sobre la seguridad nacional de los países de tránsito y destino” porque “quienes necesitan seguridad son las personas que emigran y no los países de destino”.
También ha considerado “absolutamente necesario que toda ayuda al desarrollo se desvincule de cualquier objetivo de control migratorio”, así como “dejar de pensar en la inmigración como un problema” y asumir “la responsabilidad que tenemos como norte global tanto en las causas de la inmigración como en las muertes que están ocurriendo en tránsito por vías irregulares”.
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