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La licitación de los puntos de carga de vehículos en Laredo ha sido suspendida debido al rechazo de la oposición

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LAREDO, 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Laredo ha decidido suspender la licitación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos ante el rechazo de todos los grupos de la oposición, que solicitaron ayer la convocatoria de un Pleno extraordinario para revocar el decreto de alcaldía -que es competencia del alcalde- a pesar de que los informes de intervención, jurídicos y urbanísticos “avalasen” la legalidad del contrato el pasado martes.

Las formaciones políticas que lo rechazan (HL, UxL, PSOE, PRC) aseguran que la licitación incumple la ordenanza de la tasa por ocupación del suelo, pero, tal y como explicó el equipo de gobierno amparándose en los expedientes que así lo acreditan, el coste del servicio “cumple plenamente” con la ordenanza fiscal, incrementándose los ingresos municipales de manera directa con la tasa del 1,5% sobre la facturación total de la empresa adjudicataria.

El alcalde de Laredo, Miguel González, ha explicado que, “para evitar problemas e impedir que la villa se estanque en temas menos trascendentales”, el equipo de gobierno prefiere retirar la publicación del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), “si esta va a originar un enfrentamiento con las demás formaciones de la Corporación, evitando así obstaculizar la hoja de ruta establecida en los proyectos futuros”.

“Nuestra iniciativa era totalmente legal, pero no queremos ir en contra de la voluntad del resto de representantes políticos del Ayuntamiento en temas no tan importantes pero necesarios sabiendo que estamos gobernando en minoría”, ha señalado el alcalde en un comunicado.

Asimismo, ha asegurado que para mejorar Laredo y que “todos salgan ganando” es necesaria “la unión de los representantes municipales”, por lo que les pide una oposición “más serena y constructiva” para que la villa “siga avanzando”.

El alcalde ha concluido solicitando a los partidos de la oposición que retiren la propuesta de pleno extraordinario “al no tener efecto ninguno tras retirar la publicación del BOC”, lo que ahorraría “un gasto innecesario de casi 1.500 euros a las arcas municipales”.


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