MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Tribunal de Cuentas(TCu) ha fiscalizado las dotaciones económicas que los 50 ayuntamientos de los municipios capitales de provincia han asignado a los grupos políticos municipales en 2022. Como conclusión, recomienda establecer un mayor nivel de detalle en la legislación de régimen local sobre estas dotaciones económicas. Además, en caso de que los ayuntamientos permitan a los grupos realizar aportaciones a sus partidos políticos, el informe propone establecer limitaciones en las cuantías y exigir justificantes por los servicios que los partidos prestan a los grupos.
Las dotaciones económicas que reciben los grupos políticos de las corporaciones locales están reguladas en el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. Esta regulación es escasa, por lo que las entidades locales se ven en la necesidad de desarrollar a través de su normativa interna estas asignaciones.
Los ayuntamientos capitales de provincia asignaron dotaciones a los grupos políticos, por valor de 13 millones de euros, en 2022. Al margen de estas cantidades, las Corporaciones sufragaron, con cargo a su presupuesto, otros medios personales y materiales a favor de los grupos municipales por valor de, al menos, 43 millones de euros.
El informe señala que no existen criterios objetivos para el establecimiento de la cuantía de las dotaciones económicas a los grupos, es decir, cada ayuntamiento decide discrecionalmente las cuantías que otorga. Tampoco se basan en los costes efectivos de funcionamiento de estos grupos. Existen diferencias significativas entre los ayuntamientos fiscalizados en los importes asignados a los grupos, incluso entre aquellos que presentan un número similar de concejales electos.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas ha detectado que, en 17 de los 50 ayuntamientos analizados, se han producido abonos de la dotación a grupos que utilizan el NIF del partido político respectivo y en 14 entidades se han efectuado pagos a cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a alguna formación política.
Además, en 27 de los ayuntamientos fiscalizados no se ha exigido la rendición de cuentas ni se han llevado a cabo actuaciones de control sobre las cuentas justificativas de los grupos. Del resto, en la mayoría de los casos la calidad del control efectuado sobre las cuentas de los grupos ha sido moderada o débil.
En aras de una adecuada gestión de los fondos públicos asignados a los grupos, el Tribunal recomienda a los ayuntamientos que, en su normativa interna, prevean la rendición sistemática por los grupos de sus cuentas y el sometimiento al control financiero de la Intervención.
Este informe, por lo que se refiere a las aportaciones que los grupos políticos efectúan a los partidos, va en línea del contenido de la última Moción sobre la financiación y el control de las formaciones políticas, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en julio de 2021.
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