Avisa de que no tomará postura en cuestiones “estrictamente políticas” porque el fiscal general no es un “opinador”
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves el “trabajo diario de todos los fiscales” frente a las acusaciones de ‘lawfare’ que han tenido lugar en las últimas semanas, al tiempo que ha recalcado que los miembros del Ministerio Público “han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad”.
Así se ha pronunciado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso para someterse al examen de idoneidad en la Cámara Baja tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección, pese a haber sido cuestionado en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) por “desviación de poder” y haber recibido un informe negativo de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
García Ortiz ha aprovechado el inicio de su intervención para recordar la carta que dirigió el pasado 16 de noviembre a todos los integrantes de la Fiscalía. “Defendí explícita y públicamente la autonomía de los fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas. Y lo he reiterado en diferentes ocasiones en actos propios del Ministerio Fiscal”, ha dicho, en referencia al pronunciamiento que efectuó ayer mismo en el Pleno del Consejo Fiscal.
El órgano consultivo del Ministerio Público acordó por unanimidad amparar a los fiscales del ‘procés’ frente a las acusaciones por supuesto ‘lawfare’, si bien varios vocales se desmarcaron de la declaración institucional al verla insuficiente.
NO TOMARÁ POSTURA EN CUESTIONES “POLÍTICAS”
“Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho”, ha dicho, al tiempo que ha avisado de que no se pronunciará sobre asuntos políticos.
“No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos –la de todas las ciudadanas y ciudadanos– tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad”, ha explicado.
En este sentido, ha incidido en que no pretende ser un “comentarista de la actualidad política o judicial”. “Si el fiscal general del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional”, ha asegurado.
A su juicio, “nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales”. “Un comentario u opinión realizado al margen de los mecanismos estatutarios que tiene la estructura de la Fiscalía supone asumir un modelo en el que la mera voluntad del Fiscal General se impone a la arquitectura de toda una institución con relevancia constitucional”, ha añadido.
“En definitiva, convertir al Fiscal General en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Señorías, ese no es el modelo de Ministerio Fiscal imparcial que marca nuestra Constitución. No es, tampoco, mi modelo de Ministerio Fiscal”, ha zanjado.
MEJORAS A LA ESPERA DE LA REFORMA DEL ESTATUO
En el marco de su intervención, García Ortiz ha abordado su hoja de ruta en esta nueva etapa al frente de la Fiscalía y ha insistido en la necesidad de “abordar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que confiera a la institución mayores cotas de autonomía”.
Sobre este extremo, ha recordado que se trata de una reclamación “común a cuantas personas han comparecido” en el Congreso como candidatas a fiscal general del Estado. “La aspiración de una mayor autonomía se extiende a todos los niveles: organizativo, normativo, formativo y, por supuesto, financiero y presupuestario”, ha apuntado.
No obstante, ha avisado de que “hasta que vea la luz esa reforma estatutaria integral”, impulsará “mejoras parciales en nuestro Estatuto para ir conquistando mayores parcelasde autonomía, modernización y transparencia”. Dichas mejoras comprenden la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
Asimismo, ha asegurado que aprobará varias instrucciones que implicarán “reforzar el sistema de controles y contrapesos de la institución y mejorar el régimen de toma de decisiones, garantizando a su vez la autonomía personal e individual de los y las fiscales”. Estas instrucciones abordarán el “sistema de discrepancias en el seno de la Fiscalía, las avocaciones y sustituciones en la llevanza de los procedimientos, la dación de cuenta a los superiores jerárquicos y la labor de visado por las jefaturas y los delegados de las especialidades”.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, ha avanzado que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General tiene “avanzadas” una serie de Circulares para que todos los fiscales cuenten con herramientas que faciliten su función en el esclarecimiento de los delitos contra la Administración Pública.
“Les anticipo que es intención de la Fiscalía General del Estado que actualmente dirijo, y cuyo mandato pretendo revalidar, incidir en el combate contra aquella corrupción que no genera tantos titulares de prensa por ser menos deslumbrante que las grandes operaciones contra el fraude y la corrupción, pero que de manera sistémica lacera el principio de igualdad”, ha señalado.
En este sentido, ha precisado que “en los próximos meses” publicará “un conjunto de doctrina vinculante respecto de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios”.
Asimismo, ha señalado que seguirá dedicando esfuerzos a la lucha contra la violencia de género y el tráfico de drogas, así como contra la criminalidad organizada, la trata de seres humanos, la seguridad y salud de los trabajadores, los menores, la seguridad vial, la vigilancia penitenciaria y la criminalidad informática. Además, ha destacado el trabajo en las dos nuevas unidades especializadas: la de Delitos de Odio y la de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
García Ortiz ya compareció ante el Congreso cuando fue designado para el puesto por primera vez el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud. El pasado 28 de noviembre, el nuevo Gobierno de coalición decidió proponerle para la reelección, por lo que ha repetido ante la Cámara Baja para someterse a examen.
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