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Este jueves comienza el juicio por jurado contra una acusada de allanamiento y agresión a los residentes de una vivienda

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ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Almería acoge este jueves el arranque de la vista oral con tribunal de jurado contra una mujer acusada de agredir y amenazar a dos hombres después de acceder al domicilio de ambos “sin su permiso” y negarse presuntamente a abandonarlo pese a que se lo pidieron de manera “reiterada”.

La procesada se enfrenta a penas que suman dos años y seis meses de prisión, y a multa de dos meses con una cuota diaria de nueve euros ya que el Ministerio Público le imputa delitos de allanamiento de morada, amenazas y lesiones leves.

El juicio, que se va a celebrar con jurado popular en la Sección Tercera, está señalado en dos únicas sesiones, que darán comienzo con la constitución y con el interrogatorio de la acusada.

Según indica el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, a primera hora de la mañana del día 3 de noviembre de 2021, la procesada entró “sin permiso previo” en el domicilio donde moran las víctimas, ubicada en el barrio de Piedras Redondas.

El fiscal precisa que lo hizo estando ellos “dentro” del inmueble y concreta que escaló presuntamente “uno de los muros de aproximadamente tres metros de altura” para acceder por una ventana que se encontraba “abierta”.

Una vez dentro, según relata, los dos inquilinos le habrían pedido a la procesada que se marchase del domicilio “en reiteradas ocasiones”, pero ella se habría negado dando inicio a una “discusión” entre ellos.

El Ministerio Público indica que la mujer trató supuestamente de agredir a uno de ellos mientras que el segundo “trataba de impedirlo”, lo que dio lugar a un “forcejeo” en el que la acusada le habría golpeado “en varias ocasiones con el puño sin llegar a causar lesión”.

Apunta que, al mismo tiempo, habría proferido amenazas “reiteradas” contra el primero, “diciéndole que lo iba a matar” con ánimo “intimidatorio y causando el lógico desasosiego y temor”.

Al margen de las penas privativas de libertad, el fiscal interesa que se le imponga la prohibición de comunicación y orden de alejamiento a una distancia no inferior a 500 metros por periodo de seis años.


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